El Grupo Popular impulsa una moción en apoyo a los veterinarios

El Grupo Popular en el Cabildo de La Palma ha presentado una moción al Pleno de la corporación Insular en apoyo a las reivindicaciones del sector veterinario, que reclama la modificación o retirada del Real Decreto 666/2023, de 18 de julio. Esta normativa, aprobada por el Gobierno de España, ha generado un profundo malestar entre los profesionales, propietarios de animales y entidades dedicadas a la protección de la salud animal.

“Es primordial escuchar al sector veterinario, que ha mostrado de forma contundente su rechazo a una normativa que limita su capacidad de actuación y pone en riesgo la salud y el bienestar de los animales”, afirma Nayra Castro, consejera popular. Además, insiste en que “no podemos permitir que unas restricciones terminen dificultando la atención veterinaria, especialmente en casos de emergencia”.

Desde la aprobación del real decreto, colegios profesionales, asociaciones veterinarias y dueños de animales han alertado de las graves consecuencias de la norma. La exigencia de una prescripción individualizada y la limitación de tratamientos establecidos dificultan la labor diaria de los veterinarios, encarecen los costes para los propietarios y comprometen la eficacia de las actuaciones sanitarias, sobre todo en situaciones excepcionales.

“Desde el Grupo Popular entendemos que la legislación no debe establecer trabas injustificadas para los profesionales, ni en desigualdades en la atención a los animales”, añade Castro.

La iniciativa también subraya la importancia de adoptar medidas específicas que permitan a los veterinarios actuar con mayor flexibilidad en casos críticos, como el manejo de animales en riesgo, y solicita un impulso decidido a políticas de apoyo al sector.

“Desde el Partido Popular queremos poner en valor el trabajo de los profesionales de nuestra isla, los que ejercen la profesión y los que han dedicado su vida a dar salud a nuestros animales. En la sesión plenaria hemos dejado constancia de las alegaciones presentadas por el Consejo General del Colegio de Veterinarios de España y de las sanciones a las que se enfrentan como profesionales”, finaliza Nayra Castro.