El pleno del Parlamento de Canarias ha pedido al Gobierno de España que promueva un cambio legislativo para que las corporaciones locales con las cuentas saneadas puedan destinar su superávit a financiar políticas de interés público, no necesariamente a rebajar deuda como obliga la Ley de estabilidad presupuestaria.
“No se puede gobernar en 2025 con las reglas pensadas para 2012”, manifestó ante el pleno el diputado de CC José Manuel Bermúdez, quien como alcalde de Santa Cruz de Tenerife que también es reivindicó que no tiene sentido que los ayuntamientos cumplidores se vean obligados a amortizar deuda en lugar de a mejorar la vida de sus vecinos.
La Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria está generando efectos negativos en los ayuntamientos que cumplen con sus obligaciones financieras y tienen que dedicar el dinero a amortizar deuda incluso cuando sus niveles de endeudamientos son bajos, lo que supone castigar a los que gestionan bien, argumentó Bermúdez.
El representante de CC indicó que en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife dedica 37 millones de euros de su superávit al pago de deuda en lugar de destinarlo a servicios sociales, vivienda, mejoras urbanas o apoyo a sectores estratégicos.
En la iniciativa se pide al Gobierno de España que las reglas fiscales no se apliquen a las corporaciones locales que cumplan con los objetivos de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera, regla de gasto, pago a proveedores en plazo y remanente de tesorería positivo.
Las corporaciones cumplidoras deben poder destinar su superávit o el remanente de tesorería a programas de gasto social y políticas de apoyo a la inclusión y la cohesión social, a promoción y construcción de vivienda pública a mejora y modernización de los servicios públicos municipales y a inversiones financieramente sostenibles de interés local, según la propuesta.
También se pide que el importe del gasto no se considere gasto computable a efectos de la aplicación de la regla de gasto.
El diputado del PSOE Manuel Hernández Cerezo adelantó que el Gobierno de España ya tiene previsto aplicar lo que se pide en esta propuesta, que está alineada con las peticiones de la Federación Española de Municipios y Provincias.
La iniciativa contó con el voto en contra de Vox, cuyo diputado Javier Nieto defendió que el superávit se devuelva a los ciudadanos en forma de rebajas fiscales.
