Centinela-Ecologistas en Acción denuncia que "el Gobierno de Canarias convierte en ilegales las obras de la LP-2 por silencio administrativo"

El colectivo Centinela-Ecologistas en Acción La Palma indica en una nota de prensa que “la aplicación del artículo 117.3 de la ley de procedimiento administrativo suspende la ejecución del acto que dotaba de cobertura legal a las obras de la LP2 en el tramo Tajuya – Las Manchas, como consecuencia de la ausencia de respuesta del Gobierno de Canarias al recurso con solicitud de suspensión presentado por la asociación Centinela”.

Comienzo de las obras en el tramo destruido por el volcán. Archivo.

“El pasado 29 de enero finalizó el plazo que el gobierno tenía para contestar y evitar la activación de lo previsto en el citado artículo 117.3 de la Ley 39/2015. A partir de entonces, todas las obras se han realizado de forma ilegal, en lo que se conoce jurídicamente como actuación material por la “vía de hecho”, y que, además de constituir una irregularidad administrativa grave, podría tener consecuencias judiciales para los políticos y funcionarios responsables”.

Indican que “el Gobierno de Canarias es conocedor de esta situación que él mismo ha provocado, ya que Centinela lo ha puesto en su conocimiento por registro oficial”. “Una actuación ilegal de funcionario público con pleno conocimiento es lo que en el ámbito penal se conoce como prevaricación, una vía que Centinela no descarta si no se detienen unas obras que carecen de cobertura legal. También pueden recaer responsabilidades civiles sobre la contrata de la obra por todos los daños ocasionados en el patrimonio natural o en las propiedades a partir del 30 de enero”.

Señalan que la aprobación del proyecto fue recurrida en diciembre de 2025 por Centinela “por impedir a esta asociación y a cualquier persona interesada toda posibilidad de controlar la actividad administrativa y defender el patrimonio natural afectado, un patrimonio que, según el Instituto Geológico y Minero de España (IGME-CSIC) debería ser protegido específicamente de infraestructuras viarias”.

El informe del IGME, encargado por el propio Gobierno de Canarias, instaba a “no permitir en ningún caso la realización de carreteras por este espacio, no reconstruir la LP-2 en ningún caso en su trazado original por el fuerte impacto ambiental que supondrá este tipo de proyectos que afectarían irremediablemente los valores naturales, la integridad del espacio y el impacto visual negativo para los valores naturales y de conservación. Además, las características geotécnicas de estos materiales harían inviable la obra por su elevado coste económico; tanto por la presencia de grandes tubos volcánicos que pueden colapsar, las elevadas temperaturas del campo de lava en este sector y la existencia de fumarolas.”

A pesar de esto, indican que “la confesada intención del Gobierno de Canarias era meter las palas sea como sea antes de que finalizara 2025 por cumplir no se sabe qué “compromiso.” Está claro que la prioridad del gobierno canario no ha sido ni es el cumplimiento de la legalidad. Por eso resultan llamativas por cínicas las afirmaciones del consejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, presumiendo de un expediente técnico y jurídico previo “muy riguroso” y que, sin embargo, lo ha mantenido oculto saltándose el trámite de información pública y de audiencia a personas interesadas, y que es incapaz de defenderlo simplemente respondiendo al recurso de reposición interpuesto por esta asociación”.