El Cabildo exige la aplicación mensual del 60% del IRPF para paliar la afección económica de la guerra en Oriente Medio

El Cabildo de La Palma ha fijado como prioridad política “irrenunciable” la aplicación efectiva y mensual de la deducción del 60% del IRPF para los residentes en la Isla. El presidente insular, Sergio Rodríguez, tras reunirse con los principales sectores económicos de la Isla, vuelve a reivindicar que este alivio fiscal deje de ser una bonificación anual y pase a ser un ingreso directo en el bolsillo de los palmeros mes a mes.

Sergio Rodríguez hace hincapié en que la medida ha dejado de ser una opción fiscal para convertirse en una “necesidad de supervivencia”. “No podemos esperar a la declaración de la renta cuando la cesta de la compra y el combustible suben cada semana”, recordando que “las familias necesitan ese dinero hoy para afrontar el coste de la vida”, ha indicado Rodríguez.

En el encuentro, el tejido productivo palmero trasladó su angustia por una estructura económica que “ya venía cojeando” y que ahora recibe el impacto del conflicto en Oriente Medio. La demanda es unánime: el beneficio fiscal debe instrumentarse para que los trabajadores perciban el alivio de forma inmediata en sus nóminas, generando la liquidez que el mercado interno requiere.

Reunión con empresarios en días pasados.

Rodríguez denunció la “falta de sensibilidad” del Estado, reclamando que “La Palma no está en la misma situación que el resto de las islas y el Gobierno de España nos ignora”. El presidente recordó que la Isla arrastra un déficit de financiación histórico por deudas estatales no liquidadas y que aún no ha recibido respuesta a la petición de flexibilizar las reglas fiscales que permitirían usar los recursos propios del Cabildo para ayudar a la ciudadanía.

“Estamos trabajando para generar un ecosistema de resistencia. La aplicación mensual del IRPF es la herramienta más eficaz para dinamizar nuestra economía frente a un envite internacional que nos golpea con dureza. Es hora de que el Estado cumpla con La Palma”, concluyó el presidente.

La Institución ha dado un plazo de pocos días a los sectores para unificar todas las propuestas técnicas en un documento de exigencias que será remitido a las administraciones competentes.