Manuel Marcos Pérez. Archivo.
Canarias dispondrá en 2026 de 8.167 millones de euros procedentes del sistema de financiación autonómica. Son 8.167 millones para fortalecer la sanidad pública, la educación pública, la atención a la dependencia y los servicios sociales. Una cifra histórica que llega en un momento en que miles de familias siguen sufriendo las consecuencias de la desigualdad, la precariedad laboral y el encarecimiento del coste de la vida.
La importancia de esta noticia no está únicamente en el volumen de recursos. Lo verdaderamente importante es el modelo de sociedad que se construye con ellos. Porque el dinero público puede servir para mejorar la vida de la mayoría social o puede acabar beneficiando a una minoría privilegiada.
Durante los últimos años hemos visto dos formas muy distintas de entender la política. Por un lado, quienes defendemos que una mayor recaudación y una financiación suficiente deben servir para reforzar los servicios públicos que garantizan la igualdad de oportunidades. Por otro lado, quienes consideran que la prioridad debe ser bajar impuestos, incluso cuando esa decisión termina debilitando la capacidad de las administraciones para sostener una sanidad y una educación de calidad.
El ejemplo más evidente es la Comunidad de Madrid. Los sucesivos gobiernos del Partido Popular han convertido las rebajas fiscales en su principal bandera política. Han eliminado en la práctica el Impuesto de Patrimonio y han establecido importantes bonificaciones en Sucesiones y Donaciones, medidas que benefician especialmente a los grandes patrimonios y a las rentas más altas.
Mientras tanto, la sanidad pública madrileña ha protagonizado algunas de las mayores movilizaciones ciudadanas de los últimos años. Profesionales sanitarios y usuarios han denunciado reiteradamente la saturación de los centros de salud, las dificultades para conseguir citas médicas en plazos razonables y el aumento de las listas de espera. En educación, Madrid sigue siendo una de las comunidades donde la enseñanza privada y concertada tiene un mayor peso, mientras persisten problemas de inversión y de desigualdad en los centros educativos.
No es casualidad. Cuando se reducen los ingresos públicos, se limita también la capacidad de fortalecer aquello que garantiza la igualdad: hospitales públicos, colegios públicos, servicios sociales y políticas de dependencia. Y cuando esos servicios se deterioran, quienes tienen recursos buscan alternativas privadas. Quienes no los tienen, simplemente reciben una peor atención.
Por eso la financiación histórica que recibirá Canarias debe convertirse en una apuesta decidida por lo público. Cada euro adicional debe servir para contratar más profesionales sanitarios, reducir listas de espera, reforzar la atención primaria, ampliar plantillas docentes, combatir el fracaso escolar y mejorar la atención a las personas más vulnerables.
La ciudadanía canaria necesita que una madre consiga una cita para su hijo en pocos días. Que una persona mayor dependiente reciba la ayuda que le corresponde sin esperas interminables. Que un estudiante tenga acceso a una educación pública de calidad independientemente de la renta de su familia.
Frente al modelo que prioriza las ventajas fiscales para quienes más tienen y deja cada vez más espacio al negocio privado, Canarias tiene la oportunidad de demostrar que otra política es posible: una política que pone servicios públicos al servicio de una mayoría social.
Porque una sociedad más justa no se construye bajando impuestos a los más ricos. Se construye garantizando que todos, vivan donde vivan y ganen lo que ganen, tengan acceso a la sanidad pública de calidad, a una educación pública excelente y a unos servicios sociales capaces de proteger a quienes más lo necesitan.
La igualdad de oportunidades también se refleja en los espacios cotidianos donde niños y niñas conviven y crecen juntos. Un ejemplo de ello es cuando un grupo de escolares sube a una guagua en cualquier gran ciudad y nadie puede distinguir quién proviene de un barrio más acomodado o de una zona con mayores dificultades. Esto significa que todos han tenido acceso a servicios, educación y condiciones que le permitan participar en igualdad, sin que su origen social o territorial marque diferencias visibles.
Ese es el verdadero reto. Y también la verdadera oportunidad que ofrecen estos 8.167 millones de euros.
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