El Gobierno Canario va a acometer, por la vía de la imposición, una transformación sustancial de las condiciones de trabajo de miles de empleados públicos (interinos y sustitutos) de la sanidad y de la educación en Canarias, condenando a muchos de ellos al paro. Por el momento, ninguno de los sindicatos presentes en la Mesa General de Funcionarios Públicos ha aceptado los planteamientos del Gobierno Canario.
Frente a cómo se ha accedido al puesto de trabajo en muchas Consejerías y organismos oficiales, por la vía del amiguismo, del nepotismo, del nombrarte asesor, que luego ya consolidarás el puesto de trabajo, esto no es lo que ha ocurrido en Educación. Desde el verano de 1976, el profesorado canario conquistó que hubiera nombramientos públicos, mediante listas públicas, confeccionadas por estricto orden de antigüedad, controladas democráticamente por el conjunto de los afectados, organizados mayoritariamente en la Coordinadora de enseñantes. Hablo con conocimiento de causa suficiente, porque durante años, en calidad de Representante Provincial de los Maestros, participé con otros compañeros y compañeras en la Comisión de control y seguimiento de dichos procedimientos junto a distintos Delegados Provinciales de Educación, Gobernadores Civiles, o posteriormente, Viceconsejeros y Directores Generales.
Las luchas por conseguir que el profesorado canario no se viera obligado a emigrar y sus plazas de interinos fueran ocupadas por parados procedentes de otros lugares del Estado nos condujeron al Boicot a las oposiciones en 1977. Posteriormente, se llevaba a cabo un estricto seguimiento de las plazas a ofertar y de las listas de profesorado, para que no se excedieran las ratios alumno/profesor, se cubrieran puntualmente las sustituciones, se garantizara la estabilidad al profesorado, a los claustros y, por tanto, al sistema educativo. Huelgas, acampadas, encierros permitieron la conquista de diversos Pactos de Estabilidad y medidas de insularización.
Pero, en un momento determinado, la Administración y algunos representantes sindicales, bajo la excusa de la modernización, apostaron por la eliminación de los actos públicos de nombramientos, por la informatización de los procesos, por la pérdida de control de los trabajadores sobre plazas a ofertar y listas de profesorado. Durante los años siguientes y hasta la actualidad se denuncian, de manera individual, cientos de arbitrariedades cometidas por la Consejería de Educación. Y nunca hemos visto un comienzo de curso que comience con normalidad.
De vez en cuando, aparecen en Canarias Colectivos de titulados en paro que quieren conseguir un puesto de trabajo a toda costa. Saben que tienen la vía de las listas (casi siempre cerradas) y pueden ser interinos o sustitutos, o la vía de la oposición. Pero, de forma insolidaria, olvidan las luchas y esfuerzos de miles de trabajadores por conseguir y mantener un puesto de trabajo con cierta estabilidad, y con control democrático, y se agarran a un clavo ardiendo para reclamar cualquier subterfugio que los haga saltarse varios cientos de puestos de la cola que, de manera consensuada, se había pactado entre los trabajadores, y mantenido durante décadas. Los supongo encantados por las medidas que intenta imponer el Gobierno.
Está claro que los titulados en paro tienen razón cuando denuncian que están en desigualdad de condiciones para opositar; pero la culpa no la tienen los otros trabajadores, sino los gobiernos que ofrecen como única vía esa fórmula de oposición. La alternativa razonable sería que las plazas ocupadas por interinos se ofrezcan al colectivo de interinos, mediante vías de concurso de méritos. Y las plazas de nueva creación, jubilaciones y defunciones, se ofrezcan al colectivo de parados para una oposición y concurso de méritos. A esto lo hemos denominado Acceso Diferenciado. Es injusto que tengan que competir en desigualdad de condiciones ambos colectivos utilizando un mismo procedimiento que prima a unos frente a otros, a la par que una oposición no debería ser el sistema para consolidar un puesto de trabajo estable para los que llevan años trabajando y han demostrado estar sobradamente preparados para ello, pues imparten clases, tienen a su cargo grupos de alumnos, evalúan, califican, son útiles para el sistema. Y más aún, se han preocupado por renovarse y formarse, estando actualizados en contenidos y metodologías.
Hace un tiempo el Gobierno de Madrid y los sindicatos mayoritarios en la Función Pública estatal firmaron el Estatuto Básico del Empleado Público, que está sirviendo para marcar las directrices sobre Función Pública en todo el Estado. Desde hace unos años, los Gobiernos central y Autonómicos acordaron reducir las interinidades en la función Pública a un 8%, frente al casi 20% existente. Ambas medidas son las que en la actualidad están influyendo en el problema de la reordenación de las listas.
A esta situación se añade una crisis, que estamos sufriendo los trabajadores, que por cierto no la hemos producido. Y un Gobierno insensible e incompetente, despreciando la inversión en formación que ha realizado el profesorado interino, ignorando la experiencia docente de estos trabajadores, intentando imponer criterios diversos: trabajo en precario, con contratos por horas, no reconocimiento de que la labor pedagógica exige más tareas que la mera impartición de clases (reuniones, tutorías, atención a familias, claustros y Consejos Escolares, guardias,…) que no son contempladas en dichas contrataciones de sustitución. Prolifera la figura del profesor que comparte centros, sin reconocimiento alguno del derecho a percibir itinerancias. Anuncian el no pago del verano. Y, ni así, con estos recortes, envían sustitutos a los centros educativos, cuyo alumnado no está pudiendo ejercer el derecho a la educación en las debidas condiciones.
Estas medidas de reordenación de listas en función de la calificación de oposiciones, de llevarse a término, van a suponer el mayor ataque a las conquistas consolidadas de los trabajadores de la enseñanza en Canarias. El profesorado en su conjunto, y de manera especial el profesorado afectado, no puede permitir que este Gobierno nos falte al respeto, ignorando todos los acuerdos anteriormente firmados y pisoteando estas conquistas que tanto esfuerzo han costado al colectivo en su conjunto durante décadas. Hay que movilizarse para impedirlo.
Manuel Marrero Morales, profesor de Secundaria y miembro del Secretariado Nacional del STEC-IC
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