La Centinela – Ecologistas en Acción ha denunciado ante el Servicio de Protección de La Naturaleza de la Guardia Civil los escapes masivos de doradas y lubinas que se produjeron en febrero y anima al sector pesquero profesional, principal damnificado, a sumarse a la demanda judicial que se va a abrir por estos escapes masivos de peces depredadores, para que exijan del Gobierno de Canarias y las compañías concesionarias de acuicultura indemnizaciones por daños y perjuicios económicos a su actividad.
Para los ecologistas, estos hechos vienen a confirmar "lo que ya habíamos advertido que podía pasar ante la precariedad de las empresas e instalaciones de acuicultura, propiciadas por la ausencia de control por parte del Gobierno de Canarias sobre esta actividad en las aguas de La Palma".
Según denuncian los ecologistas, se han incumplido las medidas de prevención recogidas en las concesiones administrativas, como la colocación de las redes superiores, la puesta en marcha del plan de emergencia en caso de fugas para evitar la dispersión de los peces, y el aviso a las administraciones competentes en materia de pesca y medio ambiente. También se han incumplido otras condiciones como la retirada de las jaulas que no tienen actividad, lo que ha supuesto que las redes se desprendan, actuando como trampas a la deriva especialmente para cetáceos y tortugas.
Además señalan que "los informes científicos a los que hemos tenido acceso revelan que estos peces, en libertad, se comportan como voraces depredadores de las especies de interés pesquero y faunístico. Aun más grave resultaría que las lubinas pudieran reproducirse en libertad. Por testimonios de pescadores sabemos que se han capturados ejemplares sexualmente maduros de lubinas tanto machos como hembras, con esperma y huevas listas para su liberación. Esto viene a desmentir aquel argumento tranquilizador según el cual los peces de cría en acuicultura nunca se pueden reproducir porque vienen seleccionados del mismo sexo".
De lo que ha pasado y está pasando en La Palma con la acuicultura ya se pueden extraer, a juicio de los ecologistas, demoledoras conclusiones, como que "esta actividad está en el polo opuesto de la sostenibilidad, que resulta económicamente gravosa para el sector pesquero tradicional, que pone en serio peligro el ecosistema marino insular, y que descarta a La Palma para la pretendida expansión de la actividad dada las malas condiciones del mar que con cierta regularidad se producen". Además, creen que lo que en este momento toca es el desmantelamiento de todas las jaulas en cumplimiento de la condición 14 del anexo de la concesión, por haberse detectado afecciones ambientales significativas.
Por último, indican que lo sucedido "nos debe hacer reflexionar sobre el peligro de la introducción de especies exóticas que tanto daño están haciendo en los ecosistemas insulares. Toda decisión de este tipo debe estar regida por el principio de precaución, según el cual, cuando no se conozcan con suficiente detalle sus consecuencias en cuanto a los posibles daños irreversibles sobre los elementos autóctonos, la decisión deberá ser pospuesta".
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