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Comparecencia

El Gobierno entregó más de 1,5 millones a 193 familias palmeras afectadas por el incendio

  • Así lo ha dicho hoy la consejera Inés Roja en el Parlamento canario

La casa de Marcelino, en El Charco, ardió con el incendio que también lo dejó sin animales y sin ropa.

La consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda, Inés Rojas, expuso hoy en respuesta parlamentaria que un total de 193 familias afectadas por el incendio acaecido en la isla de La Palma el pasado mes de agosto han recibido las ayudas estipuladas por el Gobierno en materia de vivienda o bienestar social, con el fin de paliar los daños ocasionados.

Rojas desglosó los datos y expuso que "en el ámbito de las ayudas a la emergencia social,  han accedido 100 familias, 96 en el municipio Fuencaliente y 4 en el municipio de Mazo, lo que supuso un importe total de 308.889 euros en ayudas sociales".

"En materia de vivienda -continuó- el importe se ha elevado a 1.213.329 euros para apoyar en la rehabilitación o reposición de los hogares de 93 familias también en los municipios de Mazo y Fuencaliente".

Rojas recordó que "con motivo del incendio que sufrió La Palma el día 1 de agosto de 2009 el Gobierno tan sólo dos días después, publicó el decreto para la concesión de ayudas de  emergencia extraordinaria con destino a paliar las necesidades más básicas y perentorias de las familias que vieron dañada seriamente su vivienda y perdieron los enseres básicos".

Las cuantías otorgadas a cada familia en materia de vivienda se estipularon en hasta el 50 % de la reconstrucción de la vivienda, además de ayudas al alquiler que ascendieron hasta 30.000 euros por familia, es decir, 600 euros mensuales hasta un máximo de dos años.

Asimismo, se promovió la concesión de créditos por entidades financieras, sin intereses, por las cantidades que no fueran financiadas por cualquier Administración Pública.

En caso de que se hubiera producido la destrucción total de la vivienda se estableció una ayuda económica hasta un límite máximo de 12.000 euros.

En el caso de que la vivienda no hubiera resultado destruida, sino dañada, el propietario podría ser beneficiario de una ayuda económica para la realización de las obras de rehabilitación o reparación necesarias de hasta un límite máximo de 8.600 euros.

 

 

 

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