El PSC-PSOE, a través de su diputada Carmen Acosta, acusa al Gobierno de Canarias de no haber hecho "absolutamente nada" tras el escape masivo de lubinas que se produjo febrero en jaulas ubicadas en aguas de La Palma. "Van pasando los meses, pero el Ejecutivo de CC y PP sigue sin adoptar ni una sola medida", denuncia la diputada, quien subraya que la única ‘acción" llevada a cabo por el Gobierno ha sido "ir a sacarse la foto con los pescadores".
Acosta sostiene que el área autonómica de Medio Ambiente "parece permanecer ajena al hecho de que se hayan visto afectados recursos naturales de gran importancia, aunque tampoco sería la primera vez que este departamento ignora la protección medioambiental". En este punto, señala que la Consejería, a través de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio ambiente de Canarias (Cotmac), formula declaraciones de impacto medioambiental de carácter previo a la autorización de estas instalaciones acuícolas, donde se reflejan los criterios ambientales a tener en cuenta.
Añade que en esta declaración de impacto ambiental a estas instalaciones se enumeran normativas a tener en cuenta y los documentos e informes analizados, en base a los cuales la Comisión dictaminó el veredicto favorable a instalar las jaulas con lubinas y doradas. "El Principio de Precaución o Prudencia no se ha tenido en cuenta y es fundamental en temas medioambientales, presente tanto en normativas internacionales, nacionales y autonómicas", expone.
Asegura que tampoco se respeta el Principio Precautorio y de Incertidumbre reflejado en la Ley de Directrices de Ordenación General y de Ordenación del Turismo de Canarias, que dice que en la intervenciones públicas "las decisiones que afecten a la conservación del medio ambiente deberán ser pospuestas, cuando no se conozcan con suficiente detalle sus consecuencias en cuanto a posibles daños irreversibles sobre los elementos autóctonos".
A su juicio, "si se hubiesen tenido en cuenta estos principios, posiblemente no estaríamos hablando de este problema, problema que, por otro lado, el consejero considera que sólo afecta a los pescadores", y agrega que, por el contrario, "se le dio el visto bueno, con esta declaración ambiental vinculante a la introducción de esta especie depredadora, aunque el consejero diga que eso no se apoya en ningún estudio científico, pese a ser es evidente".
La representante socialista señala que este visto bueno "se ha apoyado en informes del Servicio de Biodiversidad de la Consejería, que dice lindezas del tipo que, en la zona de la que estamos hablando, "a priori no se tiene constancia de presencia de valores naturales de interés que pudieran verse afectados por este proyecto de cultivo de doradas y lubinas"".
En este sentido, hace hincapié en que muy cerca de donde se encuentran estas instalaciones está la Reserva Marina de la Isla de La Palma y, además, la zona se encuentra incluida en otro espacio marino protegido denominado Lugar de Interés Comunitario de la franja Marina de Fuencaliente, a lo que hay que añadir la presencia en la zona de especies protegidas como la tortuga boba.
Por todo ello, el PSC-PSOE exige al consejero que tenga en cuenta, para próximas declaraciones de impacto medioambiental, el principio de prudencia o precaución, "además de basarse en informes más rigurosos, sobre todo a la hora de introducir especies exóticas, aunque el responsable autonómico lo banalice con comentarios del tipo ‘es normal que el pez grande se coma al chico", como ha expresado en sede parlamentaria".
Le exige también tener en cuenta todos los informes, "porque en su día se emitieron muchos informes negativos al respecto por el Cabildo de La Palma, la Consejería de Turismo o la Reserva de la Biosfera, advirtiendo todos de los posibles efectos negativos que se podrían provocar, que aquí están". Asimismo, le insta a adoptar medidas cuando no se cumplan las recomendaciones y condiciones que se establecen en el informe de impacto ambiental.
Entre esas recomendaciones y condiciones, la diputada insiste en la necesidad de evitar el abandono de redes rotas en el mar, valorar el programa de vigilancia ambiental, reducir el número de jaulas e, incluso, desmantelarlas en caso de impacto ecológico, así como poner en marcha un plan de emergencia real para posibles escapes. "Es evidente que no se han cumplido muchos de estos condicionantes, por lo que si es la Consejería la que los ha establecido, debería hacer algo ya y de verdad", concluye.
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