El reponsable de Educación del sindicato Comisiones Obreras (CC.OO.) en Canarias, José Ramón Barroso, critica que desde la investidura del presidente del Gobierno canario, Paulino Rivero, en julio de 2007 y hasta la fecha, no ha sido posible rubricar ningún acuerdo con el equipo o la titular del departamento de Educación, quienes además se jactan de anular acuerdos anteriores como el "Acuerdo marco sobre los servicios educativos públicos en las escuelas unitarias de Canarias" y el "Acuerdo sobre mejoras en las condiciones laborales del personal docente que preseta sus servicios en el sistema público educativo de Canarias", por motivos meramente formales.
Barroso indica que "en una situación de crisis como la actual cualquier gobierno que se precie optaría por el diálogo y la negociación con los sectores implicados con el fin de consensuar las posibles salidas a las cuestiones o problemáticas surgidas, no obstante, el Gobierno de Canarias ha optado por una política de ordeno y mando que se constata con total claridad en la política educativa que viene desarrollando desde julio de 2007, período en el que no se ha producido ni un solo acuerdo con los actores de la comunidad educativa, situación que ha generado una época de crispación en el sector que ha debilitado enormemente nuestro sistema educativo".
El responsable sindical, señala que "no contentos con la convulsión generada en este período se atreven incluso a obviar y anular unilateralmente acuerdos sellados en la legislatura anterior, como el "Acuerdo marco sobre los servicios educativos públicos en las escuelas unitarias de Canarias" o el "Acuerdo sobre mejoras en las condiciones laborales del personal docente que presta sus servicios en el sistema público educativo de Canarias", por motivos meramente formales como es el hecho de que no se haya llevado al Consejo de Gobierno para su aprobación definitiva y posterior publicación en el Boletín Oficial de Canarias".
"Esto demuestra el talante de los responsables de la Consejería de Educación, su nula intención de negociar y/o sellar acuerdos, ridiculizar la negociación colectiva y aniquilar el buen trabajo realizado por equipos anteriores que entendían la importancia del diálogo y la negociación como vía para encauzar con éxito una labor imprescindible en la sociedad como es la educativa".
Barroso recuerda que el acuerdo sobre mejoras en las condiciones laborales del personal docente que presta sus servicios en el sistema público educativo de Canarias fue apoyado mayoritariamente por las centrales sindicales, excepto STEC-IC y EA-Canarias, en junio del 2006, y establecía una serie de medidas generales y específicas tanto en Infantil y Primaria como en Secundaria, con el objeto de mejorar no sólo la condiciones laborales del profesorado sino también el clima y la organización del trabajo en los centros educativos de Canarias, era un plan progresivo, a varios años, que debía culminar su desarrollo en este curso 2010-11. El mismo se inicio en el curso 2006-07, pero en el siguiente 2007-08, con el cambio de responsable en la Consejería de Educación, se suspendió unilateralmente.
Por otro lado, indica que "el Acuerdo marco sobre los servicios educativos públicos en las escuelas unitarias de Canarias, firmado por nuestra organización en mayo de 2007, pretendía configurar un protocolo que definiera y describiera claramente el servicio educativo que debía ofertarse en las redes de escuelas unitarias de Canarias, estableciendo criterios claros sobre las ratios de las mismas así como un protocolo de actuación que permitiese tomar decisiones consensuadas entre los sectores implicados respecto a la oferta en dichos centros (cierre o ampliación de unidades)".
Barroso lamenta que el ataque que desde el curso 2007-08 vienen sufriendo las escuelas unitarias en Canarias, muestra una intención clara de acabar con este modelo educativo en las Islas, objetivo completamente contrario al consensuado en el citado acuerdo. El cierre de unidades y/o de escuelas unitarias, la falta de recursos, etc, limitan los servicios que deben prestar estas escuelas al paso que motivan a los padres y madres a derivar a sus hijos e hijas a centros completos radicados en los núcleos poblacionales, aunque en algunos casos la distancia sea importante, produciéndose de esta manera agónica la desaparición del modelo que tanto bien ha hecho por nuestros progenitores y , en general, por el desarrollo de nuestra sociedad".
Ante esta situación, Comisiones Obreras ha solicitado a los presidentes de la Federación Canaria de Municipios (FECAM) y de la Federación Canaria de Islas (FECAI), así como a los diferentes grupos parlamentarios, a que, bajo la responsabilidad que poseen como representantes municipales e insulares sobre el hecho educativo en Canarias, insten al Gobierno para que cumpla el trámite necesario para la admisión y aprobación definitiva en el Consejo de Gobierno tanto del "Acuerdo marco sobre los servicios educativos públicos en las escuelas unitarias de Canarias" como del "Acuerdo sobre mejoras en las condiciones laborales del personal docente que presta sus servicios en el sistema público educativo de Canarias", con el objeto de que se puedan implementar los respectivos proyectos presupuestarios para su aplicación efectiva durante el presente curso escolar 2010-11.
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