“Pusimos las cámaras por obligación para que nos dejen tranquilos”

Francisco José Fajardo Batista, el marido de la propietaria de la vivienda del barrio de Pescadores en la que se han colocado cinco cámaras exteriores de vigilancia, que el resto de los vecinos exigen que se retiren porque se sienten intimidados, ha manifestado a este periódico que si han puesto las cámaras ha sido por obligación para que los dejen vivir en paz porque, asegura, "nos han insultado desde las ventanas, un vecino nos amenazó con una navaja en la mano, mi mujer ha sido agredida y nos han llegado a tirar huevos y a escupir en la puerta y en las ventanas". Además se queja este vecino de que le han puesto música a todo volumen con un coche delante de la casa para molestarlos y que incluso han entrado en su azotea sin permiso.

Según afirmó Batista, "no nos ha quedado otro remedio que  poner las cámaras, está claro que con los 2.000 euros que nos hemos gastado en seguridad, nos hubiera gustado irnos de vacaciones, pero no nos ha quedado otra salida y parece que está surtiendo efecto porque desde que las colocamos al menos ya nadie escupe en las ventanas".

Asimismo, deja claro que el problema es sólo con tres familias, y no con todo el barrio, y que han puesto las denuncias pertinentes donde corresponde, en los juzgados, y no cuchicheando por las esquinas o acudiendo a los medios de comunicación para "decir mentiras".

Batista asegura que las cámaras son legales porque así se lo ha dicho la Policía Nacional, que el ayuntamiento no tiene autorización para sacarlas, y que lo que digan los vecinos "me entra por un lado y sale por el otro". Negó que sea agresivo e insistió en que él dice las cosas donde tiene que decirlas y no gritando ni insultando por las esquinas. "Lo único que lamento de esta situación es que mi mujer, por la presión que estamos recibiendo, está de baja y en tratamiento psiquiátrico, y ha puesto la casa en venta porque ya no puede más", indicó.

Son legales

Con respecto a si la instalación de las cámaras de seguridad en esta viviendas son o no  legales (el ayuntamiento ha dicho que su intención es sacarlas), el director insular de la Administración General del Estado, Alejandro Hernández, manifestó a este periódico que en principio cumplen con la normativa de seguridad y con la Ley Orgánica de Datos Personales ya que el ángulo de las mismas está orientado hacia la vivienda y no hacia la calle, según comprobaciones realizadas sobre el terreno por la Policía Nacional y que, por tanto, este vecino puede seguir con las cámaras. Según explicó, como las  cámaras están enfocadas a la vivienda y no a la calle, el propietario no necesita autorización y por tanto no hay irregularidades. No obstante, anunció que la Policía Nacionalhablaría con la empresa de seguridad que las instaló para conocer sus característas.

Por su parte, el alcalde, Juan Ramón Felipe, aunque de momento no ha firmado el decreto ordenando su retirada, dijo que el objetivo del ayuntamiento es seguir trabajando para sacarlas y agregó, para tranquilidad de los vecinos, que no están conectadas. En su opinión, para este tipo de instalaciones sí es preciso contar con una autorización, que entiende que corresponde a la Delegación del Gobierno, porque de lo contrario habría cámaras de vigilancia por todos lados.