El presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, ha exigido al Gobierno central que despida a los 2.400 controladores aéreos españoles, al igual que hizo el presidente de los EEUU, Ronald Reagan, en 1983, cuando echó a más de 11.000 controladores en una situación similar.
Rivero ha dicho que el despido de todo el colectivo es la única forma para acabar con los "constantes chantajes de este colectivo".
El presidente canario pidió además que la Justicia actúe de forma inmediata y contundente para poner fin a esta situación y valoró la actuación del Gobierno central, si bien reclamó esos despidos para recuperar a España como destino turístico, ya que "esta situación ha causado un daño irreparable".
Para Rivero, los controladores deben responder penalmente si han cometido algún delito y de forma civil para reparar los daños causados.
El presidente del Gobierno canario señaló que han generado un "caos" de condiciones impredecibles, y sobre las prioridades del Ejecutivo nacional ante esta situación, Rivero entendió que se deberían centrar "lo más urgente posible" en el archipiélago, puesto que las islas no tienen alternativas de transportes como ocurren en el territorio peninsular. "Canarias está conectada con el exterior y dependemos de los sistemas control de otros aeropuertos, pero que nos permitan estar operativos en los ocho recintos aeroportuarios canarios", matizó.
Asimismo, cuestionado por los movimientos de los controladores canarios (que comenzaron a trabajar y volvieron a dejar sus puestos por las presiones de sus compañeros), hizo especial hincapié en que "esto funciona como una secta".
"Los controladores canarios –añadió– dieron un paso responsable hacia adelante abriendo el espacio aéreo y parece que tienen disposición a empezar a ser operativos, pero una orden de su sindicato en Madrid los llevó de nuevo a tener una actitud pasiva y a cerrar el espacio aéreo. Por lo tanto hablamos de un grupo de privilegiados que en estos momentos no merecen sino la repulsa".
Para Rivero, esta repulsa tiene que ser institucional y ciudadana, aunque señaló que la ciudadana ya la tienen. "No es tolerable ni admisible que quienes ganan más de 200.000 euros anuales tengan un comportamiento tan poco solidario con el resto de la población", apuntó.
De esta manera, pidió a los controladores que reflexionaran y pensaran sobre las familias completas que están tiradas en los aeropuertos en estos momentos sin saber cuándo ni cómo ni dónde encontraran acomodo en las próximas horas o días.
El presidente canario valoró positivamente la actuación del Gobierno de España con las decisiones adoptadas a lo largo de las últimas horas, opinando que "van en la línea correcta" y asegurando que "ahora hay que ir a más".
A los tribunales
Los servicios jurídicos del Gobierno de Canarias han presentado hoy sábado una denuncia contra los controladores aéreos al entender que el abandono de sus puestos de trabajo puede ser constitutivo de un delito contra la administración pública, desobediencia y sedición.
El texto de la denuncia, que el propio presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, ha colgado en su blog, afirma que se ha obstaculizado e impedido de forma absoluta, la normal prestación del servicio público esencial para el transporte aéreo, algo "imputable de forma exclusiva a la conducta manifiestamente ilegal del colectivo de controladores aéreos".
Añade igualmente que el Gobierno de Canarias entiende que los hechos relatados pueden ser constitutivos de un delito contra la Administración Pública del artículo 409 del Código Penal, considerando sujeto activo del mismo a aquellos controladores aéreos que "habiendo abandonado el servicio y con evidente dejación de funciones han causado directamente el grave quebranto en la prestación del servicio público de transporte aéreo de Canarias".
Rivero afirma además que, sin perjuicio de lo anterior, "la conducta reprochable e imputable" al colectivo de los controladores aéreos pudiera constituir a su vez "un delito de desobediencia del artículo 410 del Código Penal e, incluso, centrándonos en el orden público como bien jurídico protegido, un delito de sedición previsto en artículo 544".
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