Intersindical Canaria confía en que el "injustificado" retraso en el abono de los salarios y la paga extra de diciembre a los cerca de 1200 trabajadores de la sanidad pública palmera, no sea la carta de presentación del nuevo gerente José Izquierdo, en cuanto a una posible gestión orientada al desprecio a los derechos laborales de los trabajadores.
En opinión de este sindicato, la Consejería de Sanidad debe aclarar, si el hecho del retraso del pago de haberes a los trabajadores (único caso en el Archipiélago) y que sienta un preocupante precedente, obedece a una instrucción del Gobierno o, contrariamente, ha sido la consecuencia de una decisión unilateral de Izquierdo Botella, que ha pretendido utilizar el salario de los trabajadores para cuestionar la política de sus antecesores, y de paso, enviar un mensaje subliminal de falta de liquidez para justificar futuros recortes laborales o de plantilla.
Sea como fuese, indica este sindicato, "ni la atención hospitalaria ni la atención primaria palmera, pueden soportar más recortes en el servicio esencial sanitario al ser La Palma, con diferencia, la más perjudicada por el Gobierno canario en su política de recortes, no sólo por la reducción de presupuesto, sino ya de antemano deficitaria por la carencia de infraestructuras básicas, algunas de ellas ya aprobadas por el Ejecutivo y ahora en suspenso sin fecha de inicio".
En caso de ser cierta la afirmación de falta de recursos económicos, Intersindical Canaria aconseja a la gerencia y a la Consejería sanitaria que, antes de recurrir a poner en riesgo el abono de los salarios de los trabajadores o limitar las contrataciones de personal, opte por reducir la financiación a la sanidad privada, o que ponga fin a gastos superfluos "como los que actualmente realiza con la policía autonómica o la televisión canaria, dejando así de acosar definitivamente a los servicios sanitarios y a sus trabajadores".
