El colectivo juvenil palmero Alternativa XXI denuncia el pasotismo que invade a las autoridades públicas de juventud. Pese a ser los jóvenes uno de los sectores sociales con más necesidades específicas y a los que más le pasa factura esta crisis económica, la clase política, dice, sigue "mirando hacia otro lado" y continúa de "brazos cruzados". Las políticas juveniles siguen siendo una asignatura pendiente para la mayoría de las Administraciones de La Palma, señalan.
En este sentido, Alternativa XXI demanda el impulso de un verdadero plan joven y de un pacto social por la juventud, en el que las autoridades públicas, agentes sociales y colectivos implicados, analicen la realidad juvenil y fijen objetivos a corto, medio y largo plazo, en pro de la juventud, pues "si no se cuentan con oportunidades de integración laboral, ni se lucha contra las alarmantes cifras de paro juvenil, ni se nos dota de un abanico de oferta educativa en materia de educación superior presencial, se continuará condenando a los jóvenes a dejar atrás su Isla, con el peligro de que no retornen".
Argumentan desde Alternativa XXI, que no se pueden obviar responsabilidades trasladando las responsabilidades al Ejecutivo central y que las autoridades insulares tienen que abordar todas las políticas activas que vayan en busca de lograr el tan anhelado estado de bienestar y la importancia de que apuesten por promover la formación educativa y ocupacional dirigida a garantizar la inserción pre-laboral y laboral de la juventud, gestionen con coherencia y seriedad los recursos para la promoción del empleo y tenga en cuenta, la clase política insular, las pautas que establece el "Pacto Europeo para la juventud", el programa de trabajo "Educación y formación" y el Libro Blanco de la juventud.
Asimismo, consideran que la reforma laboral aprobada, así como las últimas medidas económicas que se han aprobado a nivel estatal, han agudizado el problema del desempleo juvenil ya que la contratación temporal aumenta la precariedad laboral, "de ahí que estemos en contra de que se haya suprimido el límite de dos años para realizar contratos temporales y rechacemos, también, que puedan formalizarse contratos en formación hasta que la persona contratada cumpla los 30 años". Medidas que, afirman, contribuyen a alcanzar tasas más dramáticas de desempleo juvenil y empeoran la situación de precariedad de la población joven trabajadora al permitir que puedan encadenarse contratos temporales, incentivando el empleo de mala calidad y favoreciendo la creación de becarios a perpetuidad.
Por todo ello, consideran vital desde Alternativa XXI que los cargos electos por La Palma de las elecciones generales del 20-N promuevan un plan de formación y empleo especialmente adaptado a los jóvenes en las Cortes, así como políticas de empleo que faciliten la incorporación al mercado de trabajo y permitan a los jóvenes emanciparse.
