El salón de plenos de Los Llanos de Aridane está presidido por un crucifijo, pese a que España es un país aconfesional.
Todavía en la isla de La Palma se celebran sesiones plenarias presididas, simbólicamente, por un crucifijo. Este es el caso, al menos, de las corporaciones de Los Llanos de Aridane y El Paso. En el primer caso, mantenido por el gobierno local que durante la democracia siempre ha estado en manos del centro y el nacionalismo, y en El Paso, donde se han producido relevos de CC, el PSOE y el PP.
¿Tiene sentido esta presencia de símbolos religiosos en espacios públicos?; ¿es lógico que el ámbito de representación popular de los ciudadanos -con libertad de creencias establecida por la Constitución- tenga un lugar tan destacado el principal símbolo del cristianismo?; ¿es compatible con la Constitución su permanencia en un Estado aconfesional?; ¿no nos estaremos encontrado con residuos del nacionalcatolicismo en ayuntamientos que tienen ya treinta años de historia democrática?
El debate sobre la conveniencia de esta simbología se reabrió a finales del año pasado cuando una sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº2 de Valladolid obligó al colegio público Macías Picarea de esta ciudad a retirar los crucifijos de las aulas y de los espacios comunes del centro educativo, tras la demanda en 2005 de un grupo de padres y madres. La Confederación Española de Padres y Madres (CEAPA) se pronunció también a favor de la retirada de los símbolos.
El Partido Socialista amagó con modificar la Ley Orgánica de Libertad Religiosa -propuesta del congreso del PSOE de julio del año pasado- para la desaparición progresiva de los símbolos y liturgias religiosas en los espacios públicos y en los actos oficiales del Estado. Recientemente la vicepresidenta del Gobierno anunció que se haría esta modificación de la Ley.
La Iglesia tampoco se pone de acuerdo sobre la conveniencia de esta medida. Mientras que la jerarquía se opone drásticamente a la desaparición de la simbología religiosa de los espacios públicos, cada vez son más los sectores de base quienes ponen el acento en la necesidad de separar los espacios civiles y religiosos.
El Papa Benedicto XVI denunció con dureza la tendencia laicista que está detrás de esta medida y que achaca a la post modernidad. Mientras que teólogos tan prestigiosos como Juan José Tamayo ha abogado por la elaboración de estatutos de laicidad en ayuntamientos, comunidades autónomas y Estado para retirar los símbolos religiosos de los espacios públicos, dejándolos para los lugares de culto y celebración de las distintas confesiones.
En este mismo ámbito de discusión, no cabe duda de que habría que revisar también o cuando menos generar un debate sobre la pertinencia de la representación de los cargos públicos en las celebraciones religiosas, en posiciones privilegiadas, o, viceversa, es decir, la presencia de representantes de la jerarquía católica o de símbolos religiosos en los actos civiles.
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