El Boletín Oficial de Canarias (BOC) ha publicado en su edición del miércoles 7 de marzo el convenio de adhesión del Ayuntamiento de Puntagorda a la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural de Canarias. Este convenio lo firman el director ejecutivo de la APMUN, Emiliano Coello, y el alcalde de Puntagorda, Vicente Rodríguez.
Emiliano Coello ha destacado la importancia de estas adhesiones, ya que uno de los principales cometidos de esta legislatura será conseguir la máxima implicación de todas las administraciones en el trabajo compartido de velar por el territorio y el medio ambiente, desde la información, la prevención y la colaboración institucional. De hecho, está previsto que en breve se sumen más administraciones locales a la APMUN, anunció.
En este sentido, ha anunciado también que el próximo 26 de abril se presentará a todas las instituciones canarias, en el marco de unas jornadas, una nueva plataforma de servicios orientada a la Administración y a los ciudadanos, que ayudará en el cumplimiento de estos objetivos de prevención y cooperación.
A través de este convenio, que este mismo miércoles entra en vigor, el Ayuntamiento de Puntagorda delega en la APMUN las competencias de inspección, supervisión, sanción y restablecimiento por las infracciones a las normas municipales y de la ordenación urbanística en materia de suelo rústico, comprometiéndose a colaborar con este organismo y a aportar 4.221,74 euros anuales para su sostenimiento económico.
Con este municipio son ya seis las corporaciones locales adheridas a la APMUN en la isla de La Palma, además de su Cabildo Insular. En concreto, se trata de las corporaciones de Breña Alta, San Andrés y Sauces, Fuencaliente, Mazo y El Paso, a las que se suma ahora Puntagorda. En Canarias son ya 36 los ayuntamientos consorciados, y cinco los cabildos adheridos a este organismo, que vela por el cumplimiento de la legalidad urbanística y medioambiental del Archipiélago.
El director ejecutivo de la APMUN, Emiliano Coello, ha subrayado la importancia de que cada vez más Ayuntamientos y Cabildos se sumen a este proyecto, mediante la implicación y el buen trabajo de todas las administraciones, porque es la mejor fórmula de conseguir buenos resultados, y hacer descender el número de infracciones, sobre todo en momentos de crisis económica como el que atravesamos.
El plazo de vigencia del convenio será de cuatro años desde su entrada en vigor, prorrogándose automáticamente por iguales períodos de tiempo, salvo denuncia expresa de alguna de las partes.
