Afectados por la Ley de Costas valoran que el Estado presente una regulación especial para las Islas

El abogado y presidente de la recién constituida Asociación Canaria de Afectados por la Ley de Costas (Acalc), José Luis Langa González, ha valorado las declaraciones que el director general de Sostenibilidad de la Costa y del Mar del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Pablo Saavedra Inajara, realizó en La Palma, en las que indicó que habrá "una regulación especial para el Archipiélago" en la nueva normativa sobre Costas que estará aprobada, previsiblemente, en diciembre de 2012.

Estas declaraciones se producen a raíz de la protesta por parte de la asociación de afectados en Canarias que el martes, 24 de julio, confirmaba que en el borrador de modificación de la actual Ley de Costas, que se presentó recientemente en Consejo de Ministros, no se menciona a Canarias en ningún apartado, a pesar de ser la comunidad autónoma más afectada por la actual normativa.

"Nos satisface mucho", asegura Langa González, "que el director general de Costas haya cogido el testigo del desamparo en el que queda Canarias y anuncie una regulación especial para nuestra comunidad que se incluirá en el anteproyecto previsto".

Según las declaraciones de Saavedra, dicha regulación especial se aplicará "a todos los núcleos urbanos que teniendo una zona de servidumbre de cien metros tengan una situación urbana consolidada antes de la aprobación de la Ley de Costas en 1988 (…), en los cuales que se reducirá la zona de servidumbre en veinte metros".

Langa González asegura que, de ser así, las zonas por las que hasta ahora se ha venido luchando, tales como Igueste de San Andrés en Tenerife, Valle Gran Rey en La Gomera, Ojos de Garza en Gran Canaria, El Golfo en Lanzarote o Fuencaliente en La Palma, por citar sólo algunos espacios afectados, estarían incluidas en esta regulación especial, pues todos ellos "ya eran núcleos urbanos consolidados mucho antes de 1988".

En cualquier caso, la Asociación Canaria de Afectados por la Ley de Costas seguirá muy de cerca estas modificaciones para ver su repercusión y pretende reunirse con todos los políticos canarios con representación en el Congreso y en el Senado para que apoyen estas especificaciones y que esta afirmación no se quede en "una declaración de buenas intenciones".