El Cabildo pide que se baje la cuantía de las sanciones a los transportistas por carretera

El Cabildo de La Palma aprobó por unanimidad una declaración institucional en la que insta al Gobierno de Canarias a actualizar a la baja, dentro de la revisión que está llevando a cabo de la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre del Archipiélago, la cuantía de las sanciones establecidas en la actual normativa, debido a las actuales dificultades económicas que atraviesa en general el sector del transporte terrestre en La Palma y en el resto de las Islas. Y es que operar, aunque sea ocasionalmente, sin autorización de transporte puede suponer una sanción de más de 4.000 euros en el caso de tratarse de un vehículo pesado, lo que podría suponer para muchas pequeñas empresas el cese de la actividad.

Igualmente, se reitera al Gobierno de España la necesidad de culminar la modificación del Real Decreto 640/2007, de 18 de mayo, que permita la exceptuación para Canarias de la aplicación del tacógrafo para los vehículos dedicados al transporte por carretera.

La institución insular señala que la crisis está teniendo una especial incidencia en el transporte por carretera y que en el caso de La Palma, "especialmente frágiles se vienen mostrando las pequeñas empresas relacionadas con la actividad constructora y con el desmonte y transporte de áridos". Según se indica en la declaración, las dificultades de liquidez las ponen, con frecuencia, "en situaciones de descubierto respecto a obligaciones tributarias y de seguridad social, lo que desencadena un mecanismo en cascada de modo que, si no acreditan estar al corriente de este tipo de pagos, no están en disposición de obtener o visar la preceptiva autorización de transporte.

En la declaración institucional se recuerda que operar, aunque sea ocasionalmente, sin autorización de transporte puede acarrear la imposición de una sanción de 4.601 euros, en el supuesto de que se trate de un vehículo pesado. "En los tiempos que corren podemos afirmar que en La Palma muchas de las empresas que operan en este sector, no disponen de recursos para afrontar tan elevados costes, con lo que una sanción de esa cuantía podría significar el cese total de la actividad de una pequeña o mediana empresa".

El Cabildo asegura que no se trata de aminorar el importe de las sanciones para fomentar precisamente la comisión de la infracción, "sino sencillamente adecuar dichos importes a la dura realidad socioeconómica actual". También se tiene en cuenta que "la situación que atraviesan los transportistas no solo no ha mejorado en los últimos tiempos sino que, desgraciadamente, tanto a nivel estatal como canario ha continuado deteriorándose".

El 13 de abril de 2012, el Pleno insular ya aprobó una moción presentada por Coalición Canaria y el Partido Socialista en el mismo sentido de reducir las sanciones y que la obligatoriedad del uso del tacógrafo para los vehículos dedicados al transporte por carretera no se aplicada en el territorio canario.