Los vecinos durante su lucha en contra de las plantas de asfalto. Archivo.
La Plataforma contra las Plantas de Asfalto en el Valle de Aridane ha salido al paso de "los rumores" que apuntan a la posibilidad de que el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane otorgue la licencia de apertura de la planta de Ruiz Romero y consideran que "quien firme una licencia de apertura en las circunstancias actuales, con una sentencia que anula la licencia de instalación y con informes periciales procedentes del Juzgado de Instrucción que hablan de afección a la salud de las personas y al medio ambiente, incurre en delito penal".
Para aclarar esta situación, la Plataforma ha convocado una asamblea, que se celebrará en la Casa de la Cultura de El Paso el próximo 15 de marzo a las 20:00 horas. Desde la Plataforma recuerdan que "hay un proceso judicial abierto ante el T.S.J.C.(segunda instancia) por la licencia de instalación para la planta de asfalto de Ruiz Romero. El empresario recurrió ante dicho Tribunal de Justicia la sentencia del Juzgado de lo Contencioso que le dio la razón a los vecinos afectados y que el Ayuntamiento de Los Llanos decidió aceptar dicha sentencia y no recurrirla, en el Pleno celebrado el día 30-10-2012".
Del mismo modo, señalan que "la Plataforma se ha visto obligada a acudir a los tribunales con motivo del Plan General de Ordenación y del Plan Insular de Ordenación de La Palma, porque ambos documentos prevén una ampliación de la zona industrial hacia el sur, donde se permite instalar industrias pesadas como actividades mineras con su correspondiente maquinaria".
"Todo esto viene a demostrar que las administraciones públicas han hecho una pésima planificación del territorio y que cada ayuntamiento en una superficie tan limitada como la que tiene la isla ha actuado a su antojo, sin considerar adecuadamente las características del territorio y su poblamiento".
Consideran que "ha llegado la hora de buscar espacio en zonas no urbanas, fuera de los polígonos industriales actuales, que den cabida a las industrias pesadas. Resulta lamentable que los vecinos afectados tengan que recurrir a los tribunales de Justicia, con los sacrificios personales y económicos correspondientes, para que los órganos competentes desarrollen la planificación que requiere la Isla".
Archivado en:
Últimas noticias
Lo último en blogs
Derisa
¡Aquí hay gente que no hay forma de entenderlas. Pero bueno, que se le va a hacer!.
Leer más
Nitrofoska
Vaya, yo había pensado que, la situación de parte del consistorio había sido la de relajar los brazos, relajarlos viendo que, ese pulso que le tenían tendido al TSJ, había caído.
Pero, no, parece ser que siguen considerándose estos dioses menores, pues… , visto así insisten en el empeño,…¿tenacidad, empecinamiento? El TSJ es el kiosco de “Vitorino” quizás, que por cierto es el centro de reunión social más importante que tiene Los Llanos, donde se fraguan los “grandes negocios” y se despacha….
¿El…pastorcillo republicano?, ¿será el pastorcillo de la gaviota? ó…la gaviota cuida del pastorcillo. En todo caso será mas bien una pardela, o gaviota de paja, eso sí barnizada.
Creo que el pastorcillo, de momento aguanta la venda a la señora de la alegoría, solo le deja ver el “panorama”con un ojo… ¡uuuummH!.
Cordiales saludos.
Leer más
GALVA
Lo pille de Wikipedia , porque pulen el lenguaje técnico y se entiende mejor por los legos:
La prevaricación, o prevaricato, es un delito que consiste en que una autoridad, juez u otro servidor público dicte una resolución arbitraria en un asunto administrativo o judicial, a sabiendas de que dicha resolución es injusta.
Es comparable al incumplimiento de los deberes del servidor público.
Dicha actuación es una manifestación de un abuso de autoridad. Está sancionada por el Derecho penal, que busca la protección tanto del ciudadano como de la propia Administración. Para que este delito sea punible, debe ser cometido por un servidor o juez en el ejercicio de sus competencias.
La prevaricación tiene los siguientes requisitos:
• La persona que realiza la prevaricación debe ser una autoridad o funcionario.
• La persona prevaricadora debe estar en ejercicio de su cargo.
• Que la resolución injusta se dicte sabiendo que lo es. Debe existir dolo.
Pastorcillorepublicano;Gaviota ignorada por Guada…Lo q ue hay…
Leer más
Mibellaisla
Es prácticamente imposible que se les pase por la cabeza dar la licencia con una sentencia en contra y un nuevo plan que no permite este tipo de industrias en ese suelo y digo, prácticamente imposible porque además de incurrir en un delito, estarían faltando a su palabra dada en público, ya que la alcaldesa explicó claramente ésto a la oposición delante de muchos vecinos.
Leer más
FrodoBorbon
Bueno, también hará falta esperar a que el Cabildo, o la administración que sea, tenga dinero para empichar. No sea que luego se vean "compuestos y sin novia".
O pedirán un crédito al banco para endeudarnos todavía más, mientras ellos se enriquecen.
Lo siento, sólamente, por los trabajadores y sus familias.
Pero han de darse cuenta de que su beneficio es el maleficio de muchos.
Leer más
Derisa
¡Perdón!. ¡Desmantelación no!: "DESMANTELAMIENTO"… ¡Jejeje!.
Leer más
horizonte
Una planta móvil, situada en las proximidades de la carretera a asfaltar, en lugar alejado de viviendas, evitaría la contaminación adicional que conlleva el tráfico de camiones desplazándose entre municipios con su carga asfáltica, ahorraría combustible, permitiría mantener la fluidez del tráfico.
Y, sobre todo, evitaría cargar un área del territorio y a su población de una contaminación que enfermaría suelos, aires y personas
Leer más
Derisa
¡Con lo fácil que sería la instalación de una "planta empichadora móvil", y su posterior desmantelación una vez asfaltadas la totalidad de carreteras de la Isla!.
¿Pero los negocios son los "negocios", verdad?.
Leer más