Reunión de la comisión de inclusión social y lucha contra la pobreza

El Cabildo de La Palma ha acogido la celebración de una reunión de la comisión de inclusión social y lucha contra la pobreza que ha estado presidida por la consejera insular de Asuntos Sociales, Jovita Monterrey, y por el comisionado de Inclusión Social y Lucha contra la Pobreza del Gobierno de Canarias, Néstor Hernández.

“Hemos celebrado este encuentro con representantes de entidades públicas y privadas, así como con empresas y asociaciones, para abordar la situación social que existe actualmente en la Isla”, explicó la consejera Jovita Monterrey.

Por su parte, Néstor Hernández, agradeció la invitación del Cabildo y explicó que quería “conocer in situ el primer estudio no estadístico sino real y cuantitativo del alcance de la pobreza en un ámbito insular” y felicitó a la Corporación insular, en particular a Jovita Monterrey y a la comisión, por el trabajo que se ha desarrollado.

El comisionado explicó que el estudio, “pionero a la hora de cuantificar el número exacto del alcance de la pobreza”, sitúa en el 5% la población en situación de pobreza en el ámbito insular, mientras que la investigación estadística para Canarias da una cifra del 28%. Néstor Hernández manifestó que este análisis acerca el conocimiento de un diagnóstico más “exhaustivo y exacto”.

Tras conocer el trabajo realizado por el Servicio de Asuntos Sociales del Cabildo de La Palma, Jovita Monterrey y Néstor Hernández mantuvieron una reunión con los miembros de la comisión para conocer todas sus experiencias e invitarles a que participen en la redacción del Plan de Inclusión Social y Lucha Contra la Pobreza que el Gobierno de Canarias ha encomendado al comisionado, coordinando a todo el gobierno y contando con la colaboración de asociaciones, ONGs, sindicatos, empresarios y entidades de inserción.

Durante la comisión se mantuvo un intercambio de opiniones y experiencias entre todos los asistentes con el objetivo de corregir aquellos inconvenientes que estén en el seno del Gobierno de Canarias para intentar ayudar, en la medida de lo posible, a los cabildos y ayuntamientos y para elevar al Estado las modificaciones que se precisen en el marco de la legislación nacional.