Unidos para tumbar la Ley de las islas verdes y la del suelo

La aprobación de la Ley turística de las islas verdes y la tramitación de la Ley del Suelo que está en marcha ha generado una movilización social que en La Palma ha tomado cuerpo con la creación de la plataforma La Palma, Territorio Sostenible que este viernes se ha presentado de forma oficial, una presentación en la que el abogado Santiago Pérez ha manifestado que “no va a quedar resquicio jurídico que no utilicemos” para frenar ambas normas. En este sentido, informó que se ha presentado una denuncia ante la Comisión Europea para que “requiera al Reino de España por el incumplimiento de normas de garantía ambiental y de derechos de participación ciudadana y de acceso a la justicia en materia medioambiental”, y dijo que también acudirán al Tribunal Constitucional y a los tribunales ordinarios.

Pérez sostuvo que “no había visto nunca una ofensiva de los sectores empresariales más agresivos y una debilidad tan grande de nuestro sistema institucional como la que refleja este paquete de leyes de la que la avanzadilla es la Ley de las islas verdes, que va a afectar a La Palma”. En su opinión, no se puede llevar a cabo una operación legislativa de este envergadura “forzando la normativa europea, forzando nuestro ordenamiento jurídico constitucional, la distribución de competentencias entre el Estado y la Comunidad Autonómia, y forzando derechos de ciudadanía”.

El también catedrático de Derecho Constitucional de la ULL advirtió que de esta forma no se va a generar seguridad para los agentes económicos, ni tampoco se va a generar seguridad “demoliendo el mecanismo de garantía de legalidad que hasta ahora ha precidido nuestro sistema de ordenación del territorio, de los recursos naturales y urbanísticos”. “El control de legalidad -dijo- que hasta ahora ha desarrollado el Gobierro de Canarias a través de la Cotmac es la mejor técnica preventiva antes de que el planeamiento se apruebe y dejar esto en manos de los ayuntamientos con el pretexto de que se refuerza la autonomía local supone desvanacer el control de legalidad”. Los ayuntamientos, señaló, no tienen ni recursos humanos ni los órganos llamados a controlar la legalidad.

“Se desvanece el control de legalidad con la renuncia del Gobierno de Canarias y de la Comunidad Autónoma a ejercer una tarea de dirección política del archipiélago, sentando la bases de la ordenación del territorio y de los recursos naturales a través de las directrices”, espetó.

Pérez señaló que la defensa del medio natural es la base de la actividad turística de futuro, “exactamente el rumbo contrario al que ha tomado la reciente ordenación de las llamadas islas verdes que deben de tener un modelo adaptado a sus necesidades, pero eso no significa la derogación de todos los principios de sostenibilidad que persigue hasta la fecha la ordenación de nuestro territorio”. “Lo que se está gestando -aseguró- es de una trascendencia política infinita, es de una tosquedad jurídica insuperable y por lo tanto generará inseguridad”. En este contexto, consideró el también concejal de NC en La Laguna que “la reacción y la resistencia a esa ofensiva será la que podrá ayudar a aglutinar una alternativa progresista para estas islas. Como en la lucha canaria, aprovechar la fuerza del adversario para tumbarlo”, señaló.

Manual de la “desregulación” territorial

Para Faustino García, arquitecto y urbanista, la modificacion de Ley 6/2002, de las islas verdes, es el marco del proyecto de Ley del Suelo de Canarias que “es un manual de la desrregulación territorial”, basado en tres principios: destruir el control de la administración sobre el territorio cuando “la ordenación del territorio es una función pública que no puede ser objetivo de transacción económica y que tiene como objetivo fundamental los interses generales de la población”. Algo que, asegura, se diluye cediendo las competencias a la administración con menor capacidad para controlar esas actuaciones.

En segundo lugar, indicó que se pretende debilitar el sistema de planeamiento a base de crear una serie de proyectos que sustituyan a los planes y que permitan “actuaciones rápidas, aisladas, dispersas que se puedan posar en cualquier lugar del territorio, sin prácticamente límites de ningún tipo”.

Y en tercer lugar, dijo, derribando las barrereras de la protección. “Los especios naturales protegidos por mucho que se haya dicho que no se tocan sí que se tocan, sobre todo la protección del suelo rústico, el suelo más barato y más identificativo de nuestro paisaje, el más necesario para la productividad”.

Con estas formas, manifestó García, se pretende “desregular e instrumentar un asalto a la especulación, a las actuaciones económicas incontroladas”, y es el marco en el que se dasarrolla la ley 6/2002 que se ha mofidicado cinco veces para intentar conseguir el desarrollo de dichas islas. En este sentido, dijo que lo que empezó siendo la sexta modificación se convierte en otra cosa, en el “trailer del proyecto de la Ley del Suelo de Canarias con la introducción de proyectos de interés insular, que permite hacer cualquier cosa en cualquier lugar sin límites de cantidad, sin límites de distancia, de densidades, sin informe del Consejo Consultivo, sin participación ciudadana, y con una tramitación violenta, desde el punto de vista parlamentario, para conseguir que se haga lo que sea donde sea”.

Para este arquitecto y urbanista, los daños irreversibles que puede tener esta ley sobre el paisaje, sobre el suelo productivo de la Isla, sobre la sociedad y sobre el empleo y la riqueza, “nos tiene que preocupar y nos tiene que obligar a la movilización ciudadana y a utilizar todos los mecanismos que el Estado de Derecho nos ofrece para poder paralizar aquellas actuaciones que se pretendan amparar en esta ley lamentable”.

Otras voces

En la presentación de la plataforma palmera también estuvieron presentes Dailos González, de Podemos, Miguel Ángel Pulido (NC), Melanio Hernández (STEC-Intersindical Canaria), Eduardo Pérez, de Sí se puede, Pablo Díaz por la Centinela Ben Magec y Felipe Ramos por IUC.

Dailos González dijo que la Ley de las islas verdes va a ser mucho más agresiva que la propia Ley del Suelo, porque permite hacer actuaciones urbanísticas bastante agresivas con el medio en terreno rústico, además indicó que desaparecen los límites y las distancias mínimas entre actuaciones y que se puede dar la paradoja de que se permitan construir apartamentos u hoteles en suelo rústico mientras que un agricultor no pueda hacer su casa o un cuarto de apero.

Miguel Ángel Pulido manifestó que esta norma vuelve a poner en el eje del desarrollo turístico de Canarias el cemento y el ladrillo, “vuelve al modelo desarrollista ya fracasado que nos ha traído hasta aquí”, indicando además que La Palma no es la única isla que está estancada, “también lo están Tenerife y Gran Canaria a pesar de tener una oferta turística descomunal”. Según denunció, la ley permite hacer actuaciones aisladas sobre el territorio, se acaba con la planificación y se va a un sistema urbanístico de proyectos, “cabe cualquier cosa en en cualquier parte del territorio. Es una agresión al paisaje y medio ambiente de las islas y una amanaza para la agricultura”, sentenció.

El sindicalista Melanio Hernández dijo que la Ley del Suelo no garantiza el interés general de los canarios porque cede las competencias del territorio a 88 ayuntamientos sin capacidad técnica ni de análisis. El Gobierno de Canarias, señaló, tenía que haber hecho esta ley “guisándola” más despacio. Tambien rechazó la Ley de las islas verdes por “el paquete que trae detrás de ansias de construcciones”, lo que le llevó a afirmar que en lugar de turismo verde es turismo “verdugo”.

Eduardo Pérez, de Sí se puede, señaló que después de la sentencia del Tribunal Supremo declarando la nulidad del plan turístico de la Isla, “creíamos que el Cabildo tenía la oportunidad para desarollar y consensuar otro modelo de desarrollo turístico diferente, que preservase el medio natural y el suelo agrícola con el reparto de los beneficios que generase cualquier actividad entre todos los habitantes”, pero que “lejos de optar por ahí sigue apostando por una estrategia turística que lo que busca es el desarrollismo turístico que se ha dado en otras islas y que compromete el suelo productivo”.

“Con estas leyes -dijo el ecologista Pablo Díaz- no se pretende simplicar trámites sino dar cobertura legal o amparo a todos aquello que hasta ahora eran usos compatibles con la protección del territorio”. “No existirá suelo de protección agraria, forestal, paisajístico o natural en Canarias que no sea susceptible de convertirse en solar para uso urbanístico”, afirmó. El ecologista palmero aseguró que el Gobierno pretende desmontar la Cotmac y desactivar los servicios de policía urbanística y medioambiental y modificar la ley para que cualquier cosa pueda ser legal. En el caso de La Palma, dijo, “si el plan turístico fue anulado por el Supremo por las numerosas irregularidades, a través de las modificaciones de la ley 6/2002 se abre una puerta por la que se pueden colar las actuaciones contempladas en el plan territorial especial anulado con carácter de actuación de interés insular con rango de ley”. Se antepone, indicó, el interés particular sobre el interés general.

Felipe Ramos, de IUC, consideró que “estamos en un momento crucial en el que podemos asistir a un cambio de modelo territorial, económico y podemos dejar de conocer una realidad de la Isla”, y es que, añadió, “los cambios legislativos podrían permitir una urbanización del espacio agrario, una urbanización de nuestro litoral como nunca hemos conocido y es un cambio de modelo que nuestros gobernantes políticos deberían aclarar, no escondiéndose detrás del desarrollo sostenible que falsamente nos intentan verder o haciéndonos creer que las altas tasas de desempleo en nuestra Isla se van a solucionar construyendo hoteles, puertos deportivos o campos de golf”.

Como alternativa a ese desarrollo, apostó Ramos por una isla que luche por la soberanía energética y alimentaria y que apueste decididamente por la diversificación del sector primario de verdad, que “recupera nuestras medianías y montes y que permita pequeñas actividades industriales de transformación de muchos de nuestros productos” y “eso depende de la voluntad de nuestros gobernantes que nos han llevado a este callejón sin salida, que apuestan por una solución cortoplacista y sin futuro y que nos llevará a la destrucción de nuestro principal recurso que es el medio ambiente”.