La comisión especial que se ha creado hoy viernes, 19 de noviembre, en el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma para determinar si la acusación realizada por el PP sobre el concejal de Obras, José Antonio Acosta, tiene fundamento debe llegar hasta el final, con todas sus consecuencias, para garantizar que no se han adjudicado obras o servicios de manera irregular y que todas las empresas tienen las mismas oportunidades a la hora de las contrataciones municipales. Las instituciones y los políticos deben dar ejemplo con su actuación a los ciudadanos y este caso es una buena oportunidad para demostrarlo y para dejar clara la honestidad de todos los concejales de la corporación y de la gestión municipal. Esta comisión debe estudiar todos los expedientes de obras que se hayan resuelto y en los que esté presente la empresa que se vincula con familiares del concejal de Obras para que no quede ni la más mínima duda o sospecha de que las cosas se han hecho de forma legal y transparente. También debe verificar si esta relación familiar existe y si es así actuar en consecuencia. Es vital que así sea por el bien de todos.
