Si hay un enclave que simboliza con una simetría casi perfecta la naturaleza hedionda y nauseabunda de gran parte de la clase política (y dirigente, que no diligente) de este país es el vertedero de Zaldibar (en la provincia de Vizcaya), donde, desde el pasado 6 de febrero, yacen sepultados, bajo una montaña de 1,7 millones de metros cúbicos de residuos industriales (de los cuales, 4.253 toneladas son de material de construcción con amianto), los cadáveres de Alberto Solaluze (operario) y Joaquín Beltrán (técnico subcontratado).
Mientras las excavadoras apenas han logrado cribar un ocho por ciento de los escombros, los familiares de ambas víctimas asisten, entre la impotencia y el desamparo, al cruce de acusaciones entre el Gobierno vasco y la empresa titular de la instalación.
Y es que este accidente desnuda en toda su impúdica ineficacia la gestión del ejecutivo presidido por Íñigo Urkullu, al que no le importaba mirar hacia otro lado, a cambio de recaudar medio millón de euros anuales, al tiempo que dejaba en manos privadas la custodia de 511.000 toneladas de residuos siderúrgicos sin hacer preguntas. Porque, en Euskadi, hace más de medio siglo que se han acostumbrado a la ley del silencio: a una peculiar omertá en que la convivencia se confunde con la connivencia, los criminales ocupan escaños en las instituciones, las víctimas son señaladas con el dedo, la libertad es una entelequia y la democracia no existe.
En un hecho con escasos precedentes en la región, habida cuenta de lo difícil que resulta la vertebración de una auténtica conciencia ciudadana en medio de circunstancias tan adversas, hace semanas cientos de vecinos de las localidades colindantes y que residen en municipios como Ermua, Eibar, Elgeta, Zalla, Markina y Zaldibar, agrupados en la plataforma Zaldibar Argitu (Aclarad Zaldibar), se manifestaron demandando la localización de los trabajadores sepultados y exigiendo responsabilidades políticas al Gobierno vasco por la falta de control del vertedero.
La empresa responsable, un negocio familiar a nombre de José Ignacio Barinaga, asegura que cuentan con pólizas de seguro y que depositaron una fianza de 1,1 millón de euros en 2012 cuando inició su actividad. No obstante, se enfrenta a dos presuntos delitos en los juzgados y a tres expedientes administrativos abiertos por el Gobierno autónomo y la Diputación de Vizcaya como consecuencia de un derrumbe que se produjo dos días después de que sus trabajadores detectaran grietas en la masa del vertido. La investigación judicial permanece abierta en el Juzgado de Instrucción número 1 de Bilbao.
Por su parte, el Gobierno de Urkullu, cuyos planteamientos ideológicos están más próximos a la ultraderecha polaca que a la democracia cristiana, ha reiterado que el 21 de enero de este año un informe de la firma guipuzcoana Lurtek avalaba que el vertedero era “estable”. Sin embargo, dos semanas más tarde, se derrumbó a lo largo de trescientos metros de ladera, con una anchura de ciento cincuenta metros, hasta detenerse sobre los tres carriles de la autopista que une Bilbao con San Sebastián.
El Gobierno vasco, proclive a la opacidad informativa y cómplice del sectarismo totalitario que lleva alentando en Euskadi desde hace más de cuatro décadas, como quien da de comer a granjas enteras de serpientes, deberá acreditar ante la Unión Europea que cumplió con sus obligaciones de inspección y control, ya que, el pasado 13 de mayo, el comisario de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, Virginijus Sinkevicius, reconoció “graves deficiencias” en la gestión de dicho vertedero.
En plena campaña de las elecciones que se dirimen hoy domingo, Carlos Iturgaiz, candidato a lehendakari por el Partido Popular, denunció en Zaldibar “el silencio atronador” instalado en el País Vasco para “esconder las vergüenzas del PNV” y la red clientelar de los nacionalistas y, en especial, con las sociedades familiares que explotan concesiones públicas como canteras y vertederos.
Y es que no es nuevo que algo a podrido huela en el País Vasco.
Viene sucediendo desde 1968.
