CSIF denuncia al jefe de la Policía Local de Santa Cruz de La Palma por un presunto delito de prevaricación administrativa

CSIF denuncia al jefe de la Policía Local de Santa Cruz de La Palma por un presunto delito de prevaricación administrativa y solicita al alcalde su cese por incompetente. Asimismo, solicitará la convocatoria urgente de la Mesa General de Funcionarios para abordar de forma negociada las condiciones de trabajo que deben regir para la policía local.

El sindica señala en un comunicado que e pasado 2 de enero el oficial-jefe de Policía Local emite una orden de servicio que modifica las condiciones de trabajo de la plantilla de la policía local de la capital palmera, “vulnerando el acuerdo suscrito en 2015 entre el Ayuntamiento y la policía local, sin la obligatoria y previa convocatoria de la Mesa General de Funcionarios, al tratarse de materias obligatorias de negociación al amparo del artículo 37 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público”.

“Incluso procede -añade- la negociación obligatoria en aquellos supuestos que afecten a sus potestades de organización, cuando tengan repercusión sobre condiciones de trabajo de los policía locales”, extremo éste que, afirma este sindicato, se advirtió al propio Ayuntamiento mediante un recurso de reposición que se está tramitando en vía administrativa, y que llevó a la suspensión cautelar de dicha orden de servicio “por nulidad de pleno derecho, y la reposición de las condiciones de trabajo al momento inmediatamente anterior al dictado de tal orden de servicio, al vulnerar el derecho fundamental denunciado, y con la finalidad de disminuir el riesgo del pago de la correspondiente indemnización por los daños y perjuicios causados”.

Al respecto señalan desde el sindicato que la reacción del mando policial ha sido la presentación de un escrito “interesando la revocación de la medida cautelar, y la confección de otra orden de Servicio casi idéntica a la suspendida en vía administrativa, previa advertencia verbal a la plantilla de que la próxima Orden de Servicio iba a ser más dura que la anterior”.

Este hecho ha originado la reacción sindical de acudir a los tribunales de justicia a fin de depurar las responsabilidades penales ya que “tal actuación administrativa viciada de nulidad de pleno derecho se ha realizado a sabiendas de su injusticia y con un temerario desprecio de la legalidad vigente, a pesar de la advertencia expresa del propio Ayuntamiento desde el momento que acordó la medida cautelar de suspensión”.

A juicio de CSIF, no es de recibo que la actitud “irresponsable del mando policial no sólo haya crispado en exceso los ánimos de la plantilla, sino que aboca al alcalde a usarlo como cortafuego a fin de evitar los perjuicios que ocasionará en el servicio la probable declaración de nulidad de pleno derecho de las actuaciones realizadas por el jefe de Policía, además de la ruptura de la paz social”.