Urgen al Gobierno canario a la aprobación de los decretos ley para la reconstrucción

La Asociación Social Volcán Cumbre Vieja ha solicitado al Gobierno de Canarias que “continúe sin demora” la tramitación de los decretos ley de los que existen borradores “elaborados y consensuados” que permitirán avanzar en la reconstrucción de las viviendas de las personas damnificadas por la erupción volcánica de 2021 y también de las zonas agrícolas destruidas.

En un comunicado, esta agrupación de afectados señala que la fórmula del decreto ley “es la más adecuada para la aplicación, con carácter urgente, de las medidas que necesita la población damnificada”, con independencia de que más adelante se promulgue la nueva legislación que surja de la iniciativa legislativa popular de la Ley de Volcanes.

Una propuesta que la Asociación Social Cumbre Vieja apoya y anima a avalar con firmas para que pueda alcanzar las 15.000 que se requieren para su debate y votación en la Cámara autonómica.

Este colectivo se congratula por “el importante compromiso” que el presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, adquirió en su discurso de investidura con la recuperación socioeconómica de los afectados por el volcán, y precisamente por ello confía en que el trabajo ya plasmado en los borradores finales de ambos decretos ley “sean aprobados cuanto antes”.

Pone de relieve que en el último borrador de decreto ley para la normalidad residencial, entregado recientemente a representantes de los afectados por el consejero en funciones de Transición Ecológica y Planificación Territorial, José Antonio Valbuena, incluye “medidas positivas” como la posibilidad de vender, con carácter voluntario, las propiedades destruidas por el volcán a la Administración por el precio de mercado que tenían antes de la erupción, o bien su permuta por una parcela urbanizada en los nuevos suelos para la reposición de las viviendas sepultadas por la lava.

Y lo mismo ocurre, abunda, con el decreto ley agrícola, que prevé una reordenación de los terrenos, ahora cubiertos por las coladas, mediante una reparcelación, y la reconstrucción de las fincas agrarias con inversión pública, para su posterior entrega a los agricultores afectados para que las puedan volver a cultivar.

Además, se permite a los dueños de suelos agrarios en los bordes de coladas reconstruirlos por iniciativa propia, con la correspondiente modificación de la zona de exclusión.

Otro aspecto que destaca este colectivo ciudadano es el hecho de que tanto la reconstrucción de viviendas como las de las fincas agrícolas se gestionará a través de la Agencia de Gestión de la Normalidad en la isla de La Palma (AGESNORM), en la que los representantes de la población y los sectores perjudicados han logrado tener el 50% del poder de decisión en su Consejo General, mientras que el otro 50% lo ostentarán las Administraciones Públicas.