Nieves Lady es la alcaldesa de Villa de Mazo.
El Ayuntamiento de Villa de Mazo busca una solución para no tener que extinguir los contratos de cuatro trabajadores tras una demanda del sindicato SEPCA, así al menos lo asegura en un comunicado el grupo de Gobierno en el que recuerda que en septiembre de 2012 dicho sindicato demandó al Ayuntamiento por la bajada del salario del puesto de Secretario Municipal después de que dejara de ejercer las funciones de Interventor que venía realizando hasta la fecha. Debido a esta reducción de funciones, se indica en el comunicado, el Ayuntamiento había bajado a la mitad su complemento específico, medida contra la que el trabajador presentó alegaciones y desistió posteriormente.
También denunciaba el complemento específico que se asignó al puesto de Interventora, por considerarlo muy reducido y asimismo planteaba que las plazas de agente de Desarrollo Local, de Técnico de Intervención, de un Delineante y de un Arquitecto Técnico, que estaban ocupadas por personal laboral, debían estar reservadas a funcionarios y proveerse mediante oposición libre, pues todos los puestos que desempeñan funciones públicas deben ser ocupados por funcionarios.
El TSJC, en su sentencia, dictada en noviembre de 2013 y que es comunicada oficialmente al Consistorio en febrero de este año, "da la razón al Ayuntamiento de Villa de Mazo en cuanto a la reducción del complemento salarial del puesto de Secretario Municipal y en lo referente al complemento específico asignado a la plaza de Interventora".
Respecto a las plazas de personal laboral, cuya conversión en puestos de funcionario reclamaba el sindicato SEPCA, el Ayuntamiento defendió en el proceso judicial la necesidad de continuar con esos puestos de trabajo hasta que se pudiera convocar oposiciones ya que el Gobierno del Estado prohíbe su convocatoria. Sin embargo, la sentencia del TSJC estima parcialmente la petición del sindicato al mandar que los cuatro puestos de trabajo de personal laboral "se deben clasificar como reservados a personal funcionario con la previsión de la oposición libre como sistema de provisión". Así esto, existe informe jurídico de ejecución de la sentencia del servicio de personal según el cual la reclasificación de estos puestos en funcionario implica la extinción del contrato del personal afectado, teniendo dos meses para ejecutar la sentencia.
Del contenido de la sentencia, se recoge en el comunicado, se ha informado en varias ocasiones a la oposición en plenos celebrados, tanto al grupo popular como al socialista; tanto es así, dice, que el PP preguntó en un Pleno por el decreto de nombramiento del abogado externo que representó en el juicio los intereses del Ayuntamiento, explicando nuevamente el contenido de la demanda.
Del caso se encargó un abogado externo al Ayuntamiento, al no poder encargarse en ese momento la letrada consistorial. Ya iniciado el proceso, el Ayuntamiento decidió cambiar de abogado al tener conocimiento de que una parte fundamental de la documentación necesaria para defender la postura del Consistorio no fue remitida al juzgado. En concreto, la referida a la reducción de salario del secretario municipal. Dicha documentación fue remitida posteriormente al Juzgado y admitida en el proceso.
La demanda del sindicato SEPCA abre la puerta, según el Ayuntamiento, a la extinción de los contratos de trabajo, que no se produciría si se hubiera contado con el consenso de los concejales del grupo popular y socialista para aprobar la primera Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Ayuntamiento, que cuenta con el apoyo del sindicato CCOO y que ha sido rechazada férreamente por la oposición, con los que ha sido imposible alcanzar un acuerdo, sin que planteen ninguna postura alternativa. "RPT que mejoraba las condiciones laborales del personal, buscaba consolidar los puestos de trabajo y que sólo contemplaba la bajada de sueldo de los puestos de Secretaría y Letrada Consistorial por reducción de funciones. Y ahora las justificaciones a su actitud que pueda hacer la oposición sirven de poco".
Comunicada oficialmente la sentencia, se celebró un Pleno para dar cuenta de la misma que fue convocado el viernes de la semana pasada.
El grupo de Gobierno siente que los cuatro trabajadores se encuentren en esta situación y que el Ayuntamiento se vea obligado a extinguir los contratos de trabajo, en cumplimiento del informe jurídico sobre la ejecución de sentencia de los servicios jurídicos y a la espera del informe solicitado a la Secretaria Municipal. A pesar de todo, seguirá buscando una solución en estos dos meses con la esperanza de que pueda resolverse favorablemente.
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defensaburrocanario
Esto tiene muy mala pinta. Me recuerda la canción del pobre Miguel… A la alcaldesa se le amontonan las cuestiones judiciales, y me imagino que todos esos gastos los pagará la saneada caja del ayuntamiento. Pero bueno, en breve es semana santa y con un rezo y llevar el pendón se arregla todo…….
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ATOGMATOMA
Hay "gente" que entiende que las sentencias se ejecutan hasta las últimas consecuencias cuando son favorables a nuestros intereses pero cuando son contrarias o afectan a gente de su cuerda miran para otro lado. ¡Que paren el mundo que yo me bajo!
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PERROVIEJO
Osea…….. la culpa de todo es de:
Del sindicato SEPCA.
De la opsosicion(PSOE/PP).
Del secretario.
De la letrada consistorial.
Del TSJde Canarias.
Del abogado externo.
!!!!Josuuu!!! ¿Y la alcaldesa y su prole silenciosa? ¿No tienen ni culpa ni responsabilidad?
Que baje el crucificado y reparta justicia.
¡Ea, con Dio!
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