CC exige al alcalde que solucione de manera urgente los trámites de Breñamar para ejecutar la obra de rehabilitación

Coalición Canaria en Breña Baja exige al alcalde Borja Pérez que solucione de manera urgente los trámites para la declaración de ruina de la urbanización Breñamar, en Los Cancajos, tal y como avalan los informes técnicos. “Esta medida, que se está postergando innecesariamente, servirá para garantizar la seguridad de los vecinos que aún permanecen alojados en la urbanización y para poder iniciar cuanto antes las obras de rehabilitación y consolidación de las edificaciones”, explica la portavoz nacionalista, Yessica Pérez.

La urbanización Breñamar obtuvo del Instituto Canario de la Vivienda una subvención para abordar estos trabajos de consolidación de sus estructuras, gravemente dañadas. Esta ayuda, que fue gestionada en la pasada legislatura por los responsables de Vivienda del Gobierno de Canarias, alcanza los 222.000 euros (un tercio del coste total del proyecto) y estos retrasos podrían ponerla en riesgo.

“El Ayuntamiento cuenta desde hace meses con el informe técnico de la arquitecta responsable de las obras de rehabilitación, que certifica que durante el desarrollo de las mismas, han aparecido graves defectos estructurales que comportan riesgo para la seguridad de las personas”, añade.

Con el informe en la mano, el presidente de la comunidad de propietarios de Breñamar solicitó ante el Ayuntamiento la declaración urgente de ruina de las edificaciones y el desalojo inmediato de las 9 viviendas aún habitadas. Ante esta petición, los Servicios Técnicos Municipales emitieron el pasado 2 de agosto su propio informe, que no contradice ni plantea conclusión diferente al presentado por la arquitecta que dirige las obras de rehabilitación y consolidación de los edificios.

“No se entiende entonces la decisión del alcalde de tramitar la declaración de ruina por el proceso ordinario, no urgente, con amplios plazos de tramitación y alegaciones, lo que, en nuestra opinión, pone en riesgo de manera innecesaria a las personas que aún viven en la urbanización y puede propiciar que se agrave la patología de las edificaciones”, explica la concejala.

“Vemos por parte de Borja Pérez un intento de rebajar esta situación a un simple conflicto entre la comunidad de propietarios y aquellos vecinos que, a pesar del desarrollo de las obras y del informe de la arquitecta, se han negado a abandonar sus viviendas”, añade.

Ante una situación de esta gravedad, que acarrea un riesgo cierto para la seguridad de las personas, la responsabilidad del Ayuntamiento no es la de alcanzar una medida de concordia entre ambas partes, sino de asumir lo que dicen los informes técnicos y aplicar la legislación. Debe valorarse, además, el coste que esta situación está generando a las personas que sí han desalojado sus viviendas y ven cómo se demora su situación sin que las obras se puedan empezar.

“Según los informes técnicos, existe riesgo para la seguridad de las personas. No entendemos, por tanto, que en lugar del proceso urgente, el Ayuntamiento haya optado por un proceso ordinario con amplios plazos de tramitación y alegaciones. Si en este lapso de tiempo se produce algún incidente, el Consistorio y el propio alcalde tendrán que hacer frente a sus responsabilidades por la pésima gestión de este problema”, advierte Yessica Pérez.