La Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico del Cabildo de La Palma, que dirige Jovita Monterrey, acumula expedientes sin resolver después de casi un año de parálisis de la Comisión Insular de Patrimonio, que no ha podido retomar su actividad ya que el Cabildo no ha aprobado la modificación de su reglamento de organización y funcionamiento, tal y como exige la Ley de Patrimonio Cultural de Canarias, que entró en vigor en junio de 2019.
“El pasado mes de noviembre, el grupo de Coalición Canaria presentó una moción en el pleno del Cabildo insistiendo en la apremiante necesidad de redactar el nuevo reglamento para poder finalizar el procedimiento lo antes posible y dar operatividad a la Comisión de Patrimonio”, recuerda Susa Armas.
“Nuestra moción fue rechazada por el grupo de Gobierno que, lejos de abordar este problema con la urgencia que requería, ha tardado desde entonces 7 meses en realizar la modificación del reglamento”, añade
En el seno de la Comisión se debaten los planteamientos a desarrollar en inmuebles, o zonas periféricas a los mismos, que contienen las características de los bienes integrantes de patrimonio histórico, incluso en aquellos que, aun no estando formalmente declarados de interés cultural o inventariados, contienen valores propios de nuestro patrimonio histórico y cultural.
“No es suficiente con mandar una nota de prensa contando lo que se va a hacer. Además de hacerse la foto, hay que gestionar, es decir, hay que iniciar y finalizar los procedimientos en tiempo y forma para evitar lo que ha pasado a lo largo de estos meses: que entidades y ciudadanos siguen a la espera de que los expedientes se resuelvan y que se convoque la Comisión de Patrimonio para informar sobre sus solicitudes, máxime en los momentos de especial dificultad económica y social por los que estamos pasando, donde mucha gente está a la espera de dictámenes para poder hacer uso de sus inmuebles o llevar a cabo actividades de dinamización económica en nuestra isla”, insiste Susa Armas.
Aún siendo conscientes de la situación generada por el Covid-19, esto no justifica en ninguna medida que tengamos que esperar hasta hoy, casi un año después de que la Ley de Patrimonio Cultural de Canarias, para que el nuevo reglamento se haya presentado a la Comisión del Pleno de Cultura y Patrimonio Histórico para su aprobación.
“Somos conscientes de los problemas de personal que acarrea el área insular de Patrimonio que, además de las competencias que son propias de esta administración en las actividades de protección, investigación y difusión de nuestro rico y variado patrimonio cultural, dan también asesoramiento y apoyo a los ayuntamientos” señala Susa Armas. “Por eso, en la moción que presentamos al pleno en noviembre también pedíamos que se tomaran medidas para paliar estas carencias, algo que fue igualmente rechazado por el grupo de Gobierno”.
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