Los dirigentes de Unión Bagañeta-Coalición Canaria (UB-CC) denunciados por el PSOE de Tazacorte tras las elecciones de 2003 han sido absueltos de los delitos de falsedad de documento público, contra la seguridad de tráfico, contra los derechos fundamentales y libertades públicas y coacciones de los que se les acusaba. Entre las personas que han sido absueltas se encuentran el alcalde de Tazacorte, Ángel Pablo Rodríguez, y el primer teniente de alcalde, Juan Miguel Rodríguez, además de otros miembros de UB: Nieves Yolanda Acosta, Francisco Pérez Acosta, José Antonio Martín y María Cruz Gómez Tabares.
El alcalde ofreció ayer una rueda de prensa para dar a conocer esta sentencia y criticar la línea que están llevando a cabo los socialistas de judicializar la vida política, señalando directamente al secretario general del PSC-PSOE y al insular, Juan Fernando López Aguilar y Manuel Marcos Pérez, respectivamente, como responsables. Ángel Pablo Rodríguez también anunció que su formación política UB-CC estudiará tomar medidas legales contra este "acoso" al que se ven sometidos.
Para la jueza del caso, los hechos probados no son jurídicamente constitutivos de delito de falsedad en documento público en lo que se refiere a la solicitud por parte del primer teniente de alcalde de una autorización para celebrar un acto electoral en un lugar que no estaba previsto para este tipo de eventos.
En lo que se refiere a las coacciones, donde se denunciaba que la concejala Nieves Yolanda, entre otras cosas, ofrecía un puesto de trabajo a cambio de votar a UB, la sentencia señala que "no han quedado suficientemente acreditados en cuanto a su autoría y culpabilidad, al no existir, desde el punto de vista técnico pruebas de cargo".
En lo que se refiere al delito de seguridad de tráfico, en relación a la caravana política de UB que se hizo la última jornada de la campaña electoral de 2003, la sentencia recoge que tampoco se acredita que "circularan por calles peatonales o de forma manifiestamente temeraria como se recoge en el escrito de la acusación".
Por último, en lo que se refiere al delito contra los derechos fundamentales, por el que presentaron la denuncia los socialistas por impedir el ejercicio de las libertades de reunión o manifestación, "no ha quedado acreditado que la caravana celebrada por los simpatizantes y militantes de Unión Bagañeta hubiera impedido o perturbado gravemente el desarrollo del mitin del PSOE" que tuvo lugar en la plaza de España.
