CSIF Canarias, sindicato mayoritario en el transporte sanitario en la Isla de La Palma, exige al presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres “mayor responsabilidad pública” con las poblaciones afectadas por el volcán de Cumbre Vieja, ante la nefasta gestión burocrática de la Consejería de Sanidad para restablecer el transporte sanitario urgente con base en el municipio de Fuencaliente para poder cubrir las zonas afectadas de Las Manchas, Puerto Naos, La Laguna, Todoque, El Remo y la Bombilla, entre otras.
El sindicado recuerda que representantes del sector de transporte sanitario en la isla denunciaron en diciembre la eliminación, a partir del 1 de enero de 2022, de la única unidad de transporte sanitario urgente contratado por la Consejería de Sanidad para cubrir las emergencias sanitarias tras la afectación de las vías por las coladas del volcán y que el Parlamento aprobó en febrero una Proposición No de Ley por unanimidad para el restablecimiento dicho servicio en las zonas afectadas por el volcán.
Sin embargo, lamenta que dicha unidad de transporte aún no ha sido restablecida. El responsable del sector de CSIF Canarias en la isla, Domingo Rodríguez manifiesta que era “patente” antes de la erupción volcánica, que las emergencias y servicios urgentes de ambulancias ya estaban desbordados y que, durante la erupción, “los políticos decían que había que apoyar y hacer más fuerte el servicio en las zonas afectadas”. Sin embargo, dichos anuncios y apoyos unánimes parlamentarios “han caído en saco roto a día de hoy”, lamenta.
Rodríguez insiste en que “tras la erupción volcánica, la proximidad es fundamental en algunos servicios, y mucho más en el transporte sanitario urgente, para llegar a tiempo cuando se le reclama”. Por ello, afirma, que es “inaceptable que Sanidad siga perdida en la burocracia sin dar solución el transporte sanitario urgente con base en el municipio de Fuencaliente”.
Desde CSIF Canarias exigen cumplir el contenido de la Proposición No de Ley apoyada por todos los grupos parlamentarios de forma inmediata y que no sea obstaculizada por la “lentitud impresa” en los trámites de la Administración Autonómica.
