Csif Canarias ha advertido este lunes de la convocatoria de una huelga por parte de los trabajadores de la empresa pública Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias, S.A. que gestiona el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias, CECOES 1-1-2, el Servicio de Urgencias Canario, SUC y el Transporte Sanitario No Urgente, si el Ejecutivo incumple el acuerdo judicial del pasado mes de noviembre ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) por el que se compromete a subir los sueldos en 5% a partir del 1 de enero de 2022.
La huelga indefinida comenzará previsiblemente antes de Semana Santa, con el compromiso de la práctica totalidad de trabajadores y organizaciones sindicales hasta que el Gobierno de Canarias “asuma el conflicto y mantenga un compromiso firme para cumplir con un acuerdo judicial conseguido ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias”, señala el sindicato en una nota, y en cumplimiento de la Ley 7/2018 de 28 de diciembre.
Desde CSIF Canarias se considera una “falta de respeto” hacia la plantilla y hacia la ciudadanía el menosprecio que reciben del Gobierno de Canarias con una “situación de precariedad de los servicios esenciales de emergencias que prestan estos profesionales en la Comunidad Autónoma de Canarias y el riesgo que ello puede suponer para las personas”.
Así, la plantilla de profesionales pide “disculpas anticipadas” a los ciudadanos por la posible precariedad en el servicio.
Lorenzo Galindo, presidente del comité de empresa y delegado de CSIF Canarias manifiesta que la empresa y el servicio que se lleva prestando desde 1998 se convirtió en “algo vital” para la salud y seguridad de canarios y visitantes y “detrás de ese número hay una gran cantidad y calidad de profesionales como gestores de recursos, enfermeros coordinadores, coordinadores multisectoriales, médicos coordinadores, gestores operativos, técnicos, personal administrativo, médicos y enfermeros de helicópteros y avión sanitarizado que dan respuesta mediante la atención, gestión y coordinación a todas las llamadas que entran por 1-1-2”.
No obstante, señala que desde “hace un tiempo, se está convirtiendo, por culpa de una gestión política nefasta por intereses partidistas –NC y PSOE son quienes forman nuestro Consejo de Administración– en una empresa sin valor alguno de cara a la sociedad, con la frustración de todos los profesionales que sacan adelante la gestión, coordinación y resolución de las llamadas al teléfono de emergencias 1-1-2 y con las consecuencias que ello ineludiblemente conllevará”.
En esa línea, expone que los trabajadores no sólo están “en el día a día” sino en las “grandes emergencias” como incendios forestales, derrumbes o fenómenos meteorológicos adversos como lluvias torrenciales o vientos, a lo que se suma recientemente la emergencia vulcanológica de La Palma.
“Pedimos a la sociedad canaria el apoyo y comprensión, sólo queremos que, un derecho que en el año 2012 nos quitaron y que en el año 2014 fue declarado inconstitucional esa medida, ahora, en diciembre de 2021, después de años de trabajo hemos llegado a un acuerdo con nuestra empresa para recuperarlo ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, pero parece que, por problemas personales o partidistas entre NC y PSOE no dan el visto bueno para cumplir con ese acuerdo”, comenta.
Por ello, le pide también públicamente al presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, que medie en solucionar el conflicto dado que parece que los consejeros Julio Pérez (PSOE) y Román Rodríguez (NC) “no han hecho lo que deben” para cumplir con los derechos de los profesionales.
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