Perestelo, sobre el auditorio: "Esto es corrupción al revés porque ese encargo no existe"

El vicepresidente del Cabildo insular, José Luis Perestelo, ha roto su silencio sobre la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que condena a la institución a pargar 390.000 euros al arquitecto Fernando Menis por la ampliación del proyecto del auditorio insular  en la etapa en la que él era presidente insular. En este sentido, ha dicho que "el Cabildo insular no puede asumir ese pago porque ese encargo no existe". "Esto -añadió- es corrupción al revés porque ese encargo no existe, en caso contrario lo hubiera pagado".

Perestelo ha señalado a elapuron que "en su día Martín Menis no viene aquí por decisión del presidente del Cabildo sino porque fue adjudicatario de un concurso y que en todo momento cada vez que planteó una ampliación de ese concurso se le dijo, no sólo por mi parte sino por los técnicos de Contratación y de Cultura, que no se podía contratar ninguna ampliación ni ningún modificado del proyecto objeto del concurso".

El vicepresidente, señaló al igual que lo hizo el grupo de gobierno días atrás, que respeta la decisión de la justicia, "entendemos que el tribunal ha resuelto en función de la documentación que tiene, si bien yo entiendo que existen otros argumentos que constituyen la parte de defensa y que por tanto aquí se anteponen los intereses del Cabildo a los particulares y a partir de ahí no voy a revelar ningún dato sobre esa estrategía de defensa y no voy a hacer ninguna otra valoración".

Como se recordará los Servicios Jurídicos del Cabildo Insular de La Palma han solicitado la aclaración y complemento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (Sala de lo Contencioso en Santa Cruz de Tenerife) respecto al abono de "un proyecto arquitectónico de un auditorio en la Isla".

2008

Según la sentencia del TSJC, el arquitecto fue adjudicatario en 2008 de un proyecto para construir el futuro auditorio insular en Los Llanos de Aridane por un importe de 723.500 euros y posteriormente recibió el encargo "verbal" de su ampliación por parte del entonces presidente de la institución.

El arquitecto demandó al Cabildo y el juzgado número 1 de lo contencioso administrativo de Santa Cruz de Tenerife le dio la razón. A su vez, la Corporación insular presentó un recurso de apelación al Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que ratificó recientemente la sentencia original salvo en que el beneficiario del pago no sea la sociedad unipersonal del técnico sino su titular como persona física.