El Parlamento canario exige al resto de España un reparto obligatorio y equitativo de menores migrantes

El Parlamento de Canarias ha reclamado este miércoles al resto del país que se proceda a un reparto “objetivo, equitativo y cuantificable” entre todas las comunidades autónomas de los migrantes menores de edad no acompañados que llegan a sus costas, ante la imposibilidad de garantizarse en las islas una protección a la que obligan a España las leyes y los tratados internacionales.

Todos los grupos parlamentarios, excepto Vox, han mostrado su unidad ante una comunicación presentada por el Gobierno de Canarias en la que se proponen cambios legislativos para que la solidaridad de las demás comunidades autónomas con Canarias sea “obligatoria”, ya que los acuerdos alcanzados hasta ahora no han funcionado y los servicios de atención en la islas, donde hay tutelados 5.432 en 72 dispositivos de acogida, están desbordados.

“Los menores extranjeros no acompañados deben ser considerados antes que nada menores de edad, en lugar de inmigrantes, y merecen el mismo grado de protección que lo menores de edad españoles sin distinción alguna, sea por su nacionalidad u otra circunstancia”, el Estado no puede desentenderse, advierte la comunicación.

El escrito ha sido presentado ante el pleno del Parlamento por la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, quien ha recordado que desde principio de año han llegado a las islas desde la costa de África casi 12.000 migrantes, un 650% más que en el mismo periodo de 2023.

El Parlamento de Canarias propone dos alternativas legales para abordar la situación de los menores extranjeros no acompañados, una de aplicación rápida, que es la que defienden los grupos parlamentarios, y otra más compleja y lenta, que requiere de la modificación de dos leyes orgánicas, las de Extranjería y de protección del Menor.

La alternativa rápida que propone Canarias pasa por modificar el artículo 172.1 del Código Civil y el Protocolo Marco sobre los menores extranjeros no acompañados, de manera que la tutela de estos menores la asumiría el Estado hasta que sea asignada a una comunidad autónoma.

La propuesta canaria incluye la obligación del Estado de dotar a las comunidades autónomas de los fondos para hacer efectivo el cuidado y tutela de los menores, en los que actualmente las islas gastan unos diez millones de euros mensuales.

En la comunicación, se insta a Pedro Sánchez a convocar la Conferencia de Presidentes de Comunidades Autónomas para concretar este reparto y se invita a la Junta de Portavoces del Congreso a visitar las islas para conocer la realidad de los menores migrantes.

“Los acuerdos alcanzados hasta ahora con otras comunidades no han permitido dar una respuesta y son urgentes medidas a nivel nacional o internacional”, dijo la consejera.

Agradeció el acuerdo de la mayoría de los grupos parlamentarios, aunque lamentó que Vox impida un acuerdo unánime y que se aleje de “los criterios humanitarios” del resto de partidos.

El portavoz del PSOE, Sebastián Franquis, garantizó el apoyo de los 120 diputados socialistas en el Congreso a “las modificaciones que sean necesarias” y anunció que “en las próximas semanas” se formalizará un acuerdo sobre este asunto entre los gobiernos de España y de Canarias.

“Espero que el conjunto de las fuerzas políticas cierren filas también cuando haya que modificar esas leyes”, dijo Franquis, e instó al PP a garantizar que sus 137 diputados lo apoyarán en el Congreso.

Jana González, de CC, constató que no ha habido “solidaridad, compañerismo ni unión” de las demás comunidades autónomas con Canarias, lo que hace necesario exigir que la solidaridad sea “obligatoria”, y lamentó la tardanza del Gobierno de España en legislar sobre este asunto cuando con la Ley de amnistía se ha dado tanta prisa.

Luz Reverón, del PP, responsabilizó al PSOE de que se haya llegado a esta situación, que ha dejado a Canarias “abandonada y sin respuesta” por parte del Gobierno de España.

El portavoz de Nueva Canarias, Luis Campos, defendió que la prioridad es defender los derechos de los niños y niñas migrantes y constató que la solidaridad ofrecida “fue mentira”, lo que lleva a la exigencia de que el reparto sea obligatorio.

El portavoz de Vox, Nicasio Galván, consideró que el reparto de los menores es “un parche cortoplacista sin sentido”, una “rendición” ante las mafias, que lo que prometen es “un viaje a la Península” y por tanto van a ver cumplido su “paquete vacacional del terror”.

“Todo lo que no sea una repatriación inmediata es un efecto llamada, no se debe regularizar a ningún inmigrante que entre de forma ilegal”, dijo Galván, y defendió endurecer las penas contra la inmigración ilegal, sanciones a los países que la promueven y que no se premie a Mauritania y a Marruecos.

El portavoz de Vox añadió que la principal medida de protección del menor es devolverlos con sus familias de origen.

Jesús Ramos Chinea, de ASG, elogió la unidad de las fuerzas políticas para demandar un sistema regulado de derivaciones, “porque la solidaridad no existe o es muy escasa”, y Raúl Acosta, del grupo Mixto, lamentó que no se haya llegado a un acuerdo entre las comunidades y que los responsables públicos miraran para otro lado.