Los ecologistas señalan que Tijarafe evidencia "los efectos perversos" de la Ley de Islas Verdes

“En los últimos años Tijarafe se ha convertido en uno de los principales escenarios de aplicación de la Ley 14/2019, de ordenación territorial de la actividad turística en las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma, la mal llamada “ley de islas verdes”, una ley que amplió la posibilidad de construir alojamientos turísticos en suelo rústico respecto a su antecesora Ley 6/2002”.

Centinela – Ecologistas en Acción La Palma, en un comunicado de prensa indica que “solo en Tijarafe ya se han solicitado en los últimos años licencias para más de 60 villas turísticas en suelo rústico, casi todas ellas con piscina, una cifra que no deja de crecer a pesar del retraso con el que se tramitan en la Comisión Ambiental del Cabildo. La gran mayoría de los promotores son inversores extranjeros o empresas radicadas fuera de La Palma”.

“Tienen capacidad económica para adquirir terrenos, derechos de agua y financiar la construcción, por lo que los beneficios de la explotación se canalizan mayoritariamente fuera de la isla”, agregan.

Defienden que “el efecto en la economía local es puntual, marginal y desigual: el aumento de la actividad en construcción y servicios no palian la tensión generada por los aumentos de los precios del suelo, del agua y de la vivienda”.

“Y es que a los alojamientos turísticos amparados por la ley 14/2019 se suman unas 290 viviendas vacacionales. Tijarafe es uno de los municipios que más ha apostado por las viviendas vacacionales, y su ayuntamiento no está por imponer límites ni que ninguna ley se los imponga, a pesar del creciente malestar de la población local”.

Indican que “la original Ley 6/2002, según su exposición de motivos, nació con la idea de permitir pequeñas explotaciones turísticas que complementaran la actividad agrícola sin urbanizar el suelo rústico”.

“Pero hoy la realidad en municipios como Tijarafe es muy distinta: proyectos con muchas villas, aparcamientos, viales, edificios de mantenimiento y piscinas reproducen, en la práctica, auténticas urbanizaciones, pero no en suelo urbanizable, sino en suelo rústico protegido, en abierta contradicción con el espíritu de aquella norma”.

Como ejemplo de lo anterior, señalan que “un proyecto que en estos momentos se encuentra en exposición pública dentro de su trámite ambiental, plantea la construcción de 16 villas turísticas en suelo rústico de protección agraria, con una gran piscina comunitaria y 20 jacuzzis. Los alojamientos turísticos se levantarían con elementos prefabricados en la zona de El Jesús, junto al acantilado del Camino de Ruiz”.

Prosiguen indicando que “junto al proyecto urbanístico, presentan una impostada explotación agraria con cultivo de olivos que, para justificar su viabilidad, miden sus ingresos en venta de aceite, a pesar de no contar con una almazara ni prever los costes de transformación de la aceituna.”

“Cumpliendo con un reciente requisito del Consejo Insular de Aguas de La Palma, el promotor señala haber adquirido acciones de una galería de agua, como si la compra de acciones de agua no supusiera una competencia directa con las demandas de agua de la agricultura real”.

Concluyen indicando que lo que inicialmente fue defendido como un turismo en suelo rústico “imbricado” en la economía local, “se ha convertido en un negocio ajeno, depredador de recursos, causante del incremento del precio del suelo, del agua y de la vivienda en Tijarafe y en el resto de La Palma, donde la especulación campa a sus anchas con el apoyo de ayuntamientos, cabildo, gobierno y parlamento de Canarias”.