El Sindicato de Trabajadores Canarios y de sus Administraciones Públicas (STAP) consider que "debería resultarle vergonzoso al alcalde de los Llanos de Aridane, Juan Ramón Rodríguez Marín, que sea el propio Gobierno central, a través de la Administración estatal en la isla, quien reconozca las carencias de la policía local en dicha localidad Llanense, por lo que se ofrece a hacer un esfuerzo en reforzar con efectivos de las fuerzas de seguridad del Estado la seguridad ciudadana del municipio" en las fiestas de La Patrona.
El sindicato muestra su satisfacción por "este gesto por el bien de la ciudadanía del municipio y de la Isla", si bien entienden que "entra en franca contradicción con los argumentos continuamente ofrecidos por el alcalde que insiste en manifestar que todo lo que se refiere a la policía local y la seguridad está bajo control y perfecta armonía". Cuando, según el STAP, debería "caérsele la cara de vergüenza ante semejante cachetada por quien tiene mejor previsión y preocupación que él por la seguridad de sus gentes".
Del mismo modo, indican que "este regidor, aún impune tras sumir en desgracia a siete efectivos de la Policía Local de forma abusiva e injusta por su política de odio y rencor, ha dejado al municipio en una inseguridad constante y el gesto del director insular, que no deja de ser un apoyo o refuerzo puntual para esas fiestas, nos hace preguntamos lo que sucederá el resto de los días en que no habrá refuerzos". "Seguramente habrá más precariedad", vaticinan.
El STAP conisdera que "a este despropósito hay que añadirle su continua prepotencia y soberbia con el resto de efectivos no sancionados al que sigue presionando y desmoralizando ahora al tratar de reunirlos por la fuerza para comunicarle a los que convinieron asistir, que les vigilará las bajas y enfermedades que aleguen a modo de coacción para que permanezcan saludables todo el tiempo y no falten al servicio dado los pocos efectivos con los que cuenta este iluminado alcalde".
Concluyen afirmando que "este oneroso edil, debería de pedir perdón públicamente por todo el daño y perjuicios innecesarios que ha generado tanto a los ciudadanos a los que se debe, por mermar tan gravemente la seguridad pública, así como al cuerpo policial que lo está pagando caro por sus acciones y, en especial, a los agentes ajusticiados de su mano por todo el mal que les viene proporcionando junto a sus familias por su clara vendetta antisindical y antidemocrática".
