UPF arremete contra el alcalde por liberar a todos los concejales

Unión Progresista de Fuencaliente rechaza de forma tajante la decisión del alcalde, Gregorio Alonso, de liberar y ponerle sueldo a todos los concejales del grupo de gobierno, lo que supondrá un coste anual para el ayyuntamiento de 145.000 euros, y contratar a dedo como personal laboral a la número seis de la lista de CC. Los nacionalista obtuvieron mayoría absoluta en las pasadas elecciones de mayo con cinco concejales, frente a los tres de UPF y un único concejal que logró el PSOE.

UPF recuerda que en su discurso de toma de posesión como alcalde, Gregorio Alonso auguró una legislatura difícil por las estrecheces económicas por las que atraviesa el municipio y padecen las administraciones públicas. Sin embargo, asegura, "pasados unos días, convoca un pleno urgente y extraordinario en el que, a través de una auténtico decretazo, anula el plan de austeridad aprobado por los grupos de la oposición en la legislatura pasada para garantizar el pago de las nóminas y evitar el despido de empleados municipales".

En el citado pleno, según UPF, y a través del Decreto 342/2011, y sin entrega previa de la documentación que los concejales requerían para las valoraciones que debían realizar antes de tomar las dediciones pertinentes, "el alcalde propone y aprueba ponerle un sueldo a todos sus concejales, quedando liberados todo el grupo de Coalición Canaria con cargo a las arcas municipales".  Añadiendo esta formación política que "no pareciéndole suficiente, una semana después imputa un nuevo gasto político al pueblo contratando como personal laboral, a dedo, a la número seis de su candidatura electoral. Todo ello con cargo al presupuesto prorrogado de 2010 ya que aún no se dispone del presupuesto de 2011".

Unión Progresista recuerda que Gregorio Alonso rechazó las medidas extraordinarias de ahorro en el gasto que le propuso para paliar la situación de crisis económica del ayuntamiento y para evitar el despido de empleados municipales.

Medidas que, indican, se concretaron a través de un precursor y ejemplar plan de austeridad aprobado (con los votos de UPF, PP y PSOE, el 12 de febrero de 2009, después de que los grupos de la oposición solicitaran un pleno extraordinario y urgente a tal efecto), ya que "el alcalde pasó de anunciar públicamente en octubre de 2008 que el Ayuntamiento de Fuencaliente estaba en situación de quiebra técnica (como coartada para justificar un plan de despidos) a rechazar en 2009 el plan de austeridad que se proponía desde la Unión Progresista de Fuencaliente, negándose a llevarlo a cabo".

El plan de austeridad contemplaba las siguientes medidas: Retirar la dedicación exclusiva a dos concejales del grupo de gobierno; rescindir el contrato a los cargos de confianza (Centro de mayores y Aguas); reducir un 75% los gastos de protocolo y libre disposición del alcalde; reducir un 75% el presupuesto del área de fiestas; reducir un 50% el presupuesto de suministro de material fungible, equipos y enseres; reducir un 50% el presupuesto de suministro de telefonía, agua y luz (en dependencias municipales); Reducir un 100% el presupuesto de dietas por asistencias a plenos de todos los concejales; reducir un 100% la asignación a todos los grupos políticos y congelación salarial a todos los trabajadores de la plantilla, en los complementos que fija el ayuntamiento.

Ahora, afirman desde UPF, "sólo unas semanas después de las elecciones se descubren sus verdaderos compromisos e intenciones ya que lo primero que hace Gregorio Alonso, alcalde de Fuencaliente, no es buscar soluciones para atender la difícil situación económica por la que atraviesa el municipio y priorizar el gasto en políticas activas orientadas a las familias desempleadas, a la atención de personas dependientes y en situación precaria, sino que hace "un uso irresponsable de los recursos públicos, jugando con el dinero de todos los contribuyentes, incrementando el gasto de manera inconsciente y convirtiendo el capítulo 1, de personal, en una nueva carga para el pueblo, que tendrá que apretarse bien el cinturón y contribuir con sus impuestos para pagarle el sueldo a todos los cargos electos y no electos de Coalición Canaria".

Para Unión Progresista de Fuencaliente, este cambio de política en el ayuntamiento después de que se dispone de mayoría absoluta supone "un fraude al electorado y, resulta muy paradójico que en un contexto socioeconómico general de dificultades y restricciones en todas las administraciones públicas se adopte esta decisión en un municipio como Fuencaliente con 1900 habitantes y con una plantilla de más de 70 trabajadores municipales".

"En Coalición Canaria deben estar orgullosos con el ejemplo de su alcalde. Paulino Rivero despidiendo personal, suprimiendo empresas públicas, haciendo recortes en sanidad y educación, pidiendo sacrificios y Gregorio Alonso de sobrado, en dirección contraria y dándose alegrías con recursos públicos", afirma.

Por lo pronto, insisten desde UPF, a Fuencaliente le van a costar 145.000 euros las nóminas de Coalición Canaria, "sin contar el personal de confianza u otros contratos laborales que el Alcalde realice sin haber llevado a cabo, previa y planificadamente, los criterios de selección de personal que establece la ley".

Desde UPF insisten en mostrar su rotunda oposición ante las decisiones y acciones llevadas por Coalición Canaria en Fuencaliente, ya que "son poco ejemplares sobre la actitud que deben tener nuestros representantes públicos y que deben estar marcadas por el rigor y seriedad en el uso de los recursos públicos, por tener una actitud de servicio en pro del municipio y por luchar y buscar incansablemente la igualad de derechos y velar por la dignidad de todos los vecinos independientemente de su signo político".