El Tribunal Supremo ha desestimado en una sentencia firme la impugnación presentada por el Ayuntamiento de Tazacorte sobre una orden del Ministerio de Medio Ambiente que ampliaba el deslinde de costas de 20 a 100 metros en la zona de Los Tarajales, donde se ha construido un edificio que según sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) está fuera del ordenamiento y por el que hay imputadas una treintena de personas (del Ayuntamiento, Gobierno de Canarias y Cotmac) a las que se les ha estado tomando declaración en fechas recientes en los juzgados de Los Llanos de Aridane por parte de la jueza María Teresa Luarca para determinar si se celebra juicio o no.
Según ha podido saber este periódico de fuentes municipales de toda solvencia, el auto del Tribunal Supremo es contundente puesto que no sólo ratifica el deslinde de cien metros de los Tarajales, fallando en contra del recurso del ayuntamiento, sino que además dice de éste que ha actuado de "mala fe" y que tiene que pagar las costas del procedimiento. Estas mismas fuentes indican que según se desprende del auto este asunto podría derivar a la vía de lo penal. "El grupo de gobierno sabía que el edifico era ilegal y sin embargo lo siguieron haciendo, pero ahora ese castillo de naipes se le está desmoronando y ya no le quedan recursos a los que apelar".
"Es una buena noticia para los que creíamos que ese edificio estaba afectado por la ley de Costas y que ese suelo no es urbanizable. Es el golpe definitivo porque es una sentencia firme de 16 de julio que ya se ha notificado a las partes". Siempre según las fuentes consultadas, en el auto se dice explícitamente que el ayuntamiento "ha mentido y engañado" para salvar el edificio de Los Tarajales. También advierten estas fuentes de que ahora la empresa que ha construido el edificio, Diursa, puede pedir una indemnización millonaria, de hasta diez millones de euros, al ayuntamiento porque pidió una licencia para construir allí y el ayuntamiento se la dio a sabiendas de que estaba dentro del deslinde marítimo terrestre y también por lucro cesante. "Esto es lo más grave que le ha pasado al ayuntamiento en mucho tiempo y el daño y el perjuicio al pueblo va a ser enorme por el dinero que tendrán que pagar en costas, por lo que han pagado ya en abogados y en procuradores y por la indemnización que tendrán que pagar a la empresa adjudicataria que ha construido 25 pisos de superlujo al lado del mar que están parados y que ahora nadie quiere comprar por lo que pueda pasar con esta edificación".
Preguntado por este asunto, el primer teniente de alcalde municipal, Juan Miguel Rodríguez, sólo se ha limitado a manifestar que están estudiando y evaluando la sentencia que "nos fue entregada hoy a las dos y que está llena de errores. Mañana hablaremos".
