Otra sentencia judicial obliga al ayuntamiento a pagar 126.000 euros por unas obras de 2004

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº 3 de Santa Cruz de Tenerife ha condenado al Ayuntamiento de Tazacorte al pago de más de 126.000 euros a la empresa Poligras Ibérica por unas obras ejecutadas en el año 2004 y no abonadas a la misma por parte del exalcalde Ángel Pablo Rodríguez, hoy concejal en la oposición de Unión Bagañeta (UB-CC), según informa en un comunicado el ayuntamiento. El grupo de gobierno actual, integrado por el PSOE y el PP, advierte que todas estas sentencias, de obligado cumplimiento, abocan a las arcas municipales a una situación de "desamparo absoluto ante la imposibilidad de afrontar el pago de las mismas sin pérdida de servicios básicos municipales. Una realidad que perjudica seriamente a los ciudadanos que nada tuvieron que ver con decisiones irresponsables que durante años se adoptaron en esta Administración Local".

El equipo de gobierno ha remitido todos estos expedientes administrativos a administraciones superiores que puedan auxiliar al ayuntamiento en la adopción de medidas correctoras para evitar las consecuencias de lo ocurrido.

La actuación que se contrató y realizó fueron unas fases del inacabado Complejo Deportivo de El Puerto, con un importe inicial de 82,765,83 euros a los que, indica la corporación, ahora se suman otros 43.986,64 en intereses de demora (más los que correspondan hasta el pago efectivo de la deuda). Además, añade, si se tiene en cuenta que deben devolverse más de 7.000 euros en avales bancarios, el pago final ascendería a 133.000 euros. La sentencia, con fecha de 2 de noviembre, se suma a otras similares a las que ya ha tenido que hacer frente este ayuntamiento en los últimos meses, con una cuantía total que suma ya más de medio millón de euros que ahora debe afrontar esta Corporación.

El gobierno local señala que las reclamaciones judiciales ya resueltas, y las que aún están pendientes de tramitarse, se corresponden con actuaciones, proyectos, bocetos e incluso simples compromisos que fueron encargados a diferentes empresas por parte del gobierno que ostentó la responsabilidad de dirigir los dineros de todos los bagañetes durante dos décadas. Estos expedientes, según aclara la alcaldesa, Carmen Acosta, demuestran que "una cosa era lo que nos vendían y siguen vendiendo y defendiendo como una buena gestión financiera (veánse los panfletos que publicitan en la puerta de su local donde venden hasta inversiones privadas), y otra totalmente opuesta es la realidad económica existente y que sigue sumiendo en un pozo sin fondo a esta Institución, del que lamentablemente no se saldrá durante años. Al parecer, todo lo que dicen que hicieron o quisieron hacer nos toca pagarlo a todos los ciudadanos ahora, en el peor momento posible, y más grave aún es que algunos de esos encargos han sido caprichos que da nada han servido el municipio".

En el caso de esta última sentencia, la alcaldesa señala que las múltiples reclamaciones de pago realizadas por esta empresa, al igual que ha sucedido en muchos casos detectados ahora, "se desestimaban en el ayuntamiento por silencio administrativo, por dejación de funciones. Ni siquiera se acreditó por parte de la Administración Local algún tipo de incumplimiento por parte del contratista que motivara los retrasos habidos en el pago de la factura reclamada, ni se exigieron certificaciones que justificasen dichas obras, obras que por cierto actualmente no existe."

Fuga de capital

Carmen Acosta recuerda que "todo este dinero al que ahora tenemos que hacer frente de forma inesperada y casi sin posibilidad de hacerlo, supone una continua fuga de un capital vital para, en un periodo de recortes impuestos desde administraciones superiores, hacer frente al pago de los servicios públicos que cada día reciben y demandan los ciudadanos de este municipio".

"Por lo tanto, una vez demostrada la grave irresponsabilidad que Unión Bagañeta cometió con el dinero de todos los bagañetes", el grupo de gobierno anuncia que se ha procedido a la remisión de todos estos expedientes administrativos a administraciones superiores que puedan auxiliar al ayuntamiento en la adopción de medidas correctoras para evitar las consecuencias de lo ocurrido en el ayuntamiento. En tal sentido, el gobierno municipal se reserva el derecho a reclamar depuración de responsabilidad legales, porque "las morales son evidentes ante lo que se entiende como una incomprensible ausencia de seriedad en las formas, dejación de funciones e irresponsabilidad en el trabajo que debe desarrollar un cargo público elegido por su pueblo".