El Estado le reclama a la capital la devolución de casi 400.000 euros de una obra del PlanE

La Intervención General de la Administración General del Estado, dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, le reclama al Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma la devolución de una subvención de casi 400.000 euros por las irregularidades detectadas en una obra del PlanE. Se trata de la cubrición de la cancha deportiva de El Pilar, una obra que se ejecutó en el año 2009 por un presupuesto de 371. 248 euros

El Ayuntamiento, según han informado fuentes municipales, recibió el 8 de enero el expediente de reintegro del dinero aunque tiene quince días de plazo que concluyen el lunes para presentar alegaciones (reiterar las que presentó en su día) y no descarta presentar un recurso contencioso administrativo para intentar no pagar o retrasar lo más posible la devolución del dinero, que no tiene y que supone otro revés más para las maltrechas arcas municipales.

De hecho, este mismo miércoles una delegación municipal se desplazó a Madrid y se reunió con el director general de coordinación de competencias con las comunidades autónomas y las corporaciones locales con la intención de buscar alguna salida pero el resultado no ha sido satisfactorio para las aspiraciones municipales aunque "al menos sabemos cómo es el procedimiento y nos dieron alguna idea que podemos aportar en las alegaciones".

El Estado le reclama este dinero al Ayuntamiento porque un interventor del Estado hizo una auditoria y detectó irregularidades en la contratación y ejecución de la mencionada obra. Al parecer, según informan las citadas fuentes, el Consistorio se pasó en el plazo a la hora de adjudicar la obra y la empresa contratada no tenía la clasificación para realizar los trabajos. Ya en su momento el Ayuntamiento presentó un recurso pero la tramitación siguió su curso y finalmente el informe le fue desfavorable, por lo que ahora el expediente de reintegro recibido le obliga a devolver el dinero.

Esta reclamación se suma a una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que no es recurrible, y que obliga al Ayuntamiento capitalino a revisar la baremación del concurso por el que se privatizó la gestión del agua.