Guelmes denuncia que en un solo año de gobierno del PSOE y CC han vuelto a saltar las alarmas en el Ayuntamiento

El portavoz del Partido Popular en Santa Cruz de La Palma, Juan José Cabrera Guelmes, afirma que en tan solo un año de gobierno del PSOE-CC han saltado nuevamente las alarmas en el Ayuntamiento “empeorando notablemente el periodo medio de pago a proveedores y volviendo a los reconocimientos extrajudiciales de crédito”. Guelmes se muestra poreocupado por “este cambio de tendencia económica después del enorme esfuerzo que supuso en la pasada legislatura convertir una situación de prácticamente quiebra al respaldo de cumplir la mayoría de ratios económicos que reflejan la tranquilidad de un ayuntamiento saneado”.

Cabrera Guelmes señala que el único logro económico que el Equipo de Gobierno ha dado a conocer en el último año es precisamente el de la reducción de la deuda, un hecho que “tiene que ver con la reestructuración de la misma por el Partido Popular, previa negociación con el Ministerio de Economía y Hacienda y con las entidades financieras implicadas, y que permitió realizar una refinanciación adaptada a la situación real y por tanto asumible en los siguientes años. La amortización de dicha deuda en los plazos negociados es una obligación legal que no depende absolutamente en nada de la voluntad del Grupo de Gobierno, y que lo único que ha hecho en este caso es dejarse llevar y cumplir con la ley que le obliga a atender de forma prioritaria los pagos de las cuotas de los préstamos”.

Cosa muy distinta ocurre, afirma, con aquellos ratios económicos que sí dependen de la gestión de un gobierno, y en este sentido recuerda la advertencia que hace el propio interventor en su informe al detectar que el periodo medio de pago se ha situado en los 55,61 días (en el tercer trimestre del año 2015 llegó a situarse en los 36,08), en el sentido de que habrá que actualizar el plan de tesorería ya que se está al límite de tener que poner en marcha las medidas automáticas de prevención dispuestas en el artículo 18.5 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, cosa que ocurrirá inevitablemente si se llega a los 60 días durante dos periodos consecutivos, “algo que parece casi inevitable a estas alturas si no hay un cambio radical de la política llevada a cabo, o mejor dicho, si se sigue sin hacer absolutamente nada como hasta ahora”.

Si esto ocurriera en dos periodos consecutivos, añade Juan José Cabrera, el interventor estaría obligado por ley a realizar una comunicación de alerta al ministerio y serían impuestas medidas correctoras al propio Ayuntamiento, cosa que al actual Grupo de Gobierno parece desconocer o simplemente no preocuparle.

Juan José Cabrera manifiesta que “la situación comienza a parecerse a la vivida en el consistorio hace ya algunos años y que parecía haberse desterrado después del enorme esfuerzo realizado”. El portavoz del PP añadió, como ya dijo en su última intervención plenaria, que “hemos vuelto a la etapa de los reconocimientos extrajudiciales de crédito y esto es debido a una mala gestión y a la falta de responsabilidad de socialistas y nacionalistas”.

En este sentido, indica que en el último pleno se reconocieron extrajudicialmente más de 91.000 euros, es decir “facturas que se aprobaron en el año 2015 sin que hubiera saldo suficiente para atenderlas, lo que evidencia también ese cambio de tendencia en el que la gestión económica del ayuntamiento ha pasado a un segundo o tercer plano y el concejal delegado del área parece ser un mero espectador de lo que está pasando”.

Para Cabrera, “las advertencias del interventor municipal son lo suficientemente graves como para tomarse en serio el establecer medidas correctoras y plantearse en serio la gestión económica del Ayuntamiento, sobre todo cuando aún desconocemos, aunque parezca mentira, lo que ha costado la Bajada de la Virgen en horas extraordinarias, con todo lo que ello conllevará”.

“Desgraciadamente -afirma- volvemos a comprobar como la salida del PP del gobierno en nada ha beneficiado a la gestión municipal y mucho nos tememos que al final sean los ciudadanos los principales perjudicados al no poder disfrutar de servicios de calidad y acceder al empleo a través de inversiones públicas, ya que no olvidemos que cuando la situación económica está mal, en vez de a invertir se tiene que destinar el dinero a tapar agujeros”.