Francisco Pulido, químico jubilado.
Estos días la Plataforma de vecinos de Puerto Naos y La Bombilla JARACO ha presentado un informe, elaborado por mí, en el que hago un análisis de la gestión política y científica sobre las emisiones difusas de CO2 en estos núcleos de la costa Oeste de la Isla de La Palma. El objetivo final de dicho informe sostiene una serie de propuestas que reivindican el paso de la alerta amarilla a verde y la suspensión del Decreto 2022/9435 del Cabildo Insular de La Palma, en el que se decreta las zonas que se mantienen de acceso restringido y se establecen las zonas de exclusión. Por ello, la conclusión es que no hay motivos, ni científicos ni políticos, para que se impida volver a vivir en Puerto Naos y La Bombilla.
Esa vuelta a la vida que pido está ampliamente argumentada en un documento de sesenta páginas que, no por extenso, expone un análisis riguroso de la gestión científica y política, finalizando en una serie de propuestas de actuación e intervención. De hecho, el máximo error de
una emergencia que se antoja eterna es el hecho de que se está haciendo una gestión política parcelada, ineficaz, deficitaria e, incluso me atrevo a decir, atada a intereses partidistas y personales. Afirmaría que en ningún momento se ha puesto en valor el interés ciudadano ni el bien común, a pesar de la reiterada retórica de que “estamos ante una situación incompatible con la vida”.
No niego ni nunca lo he negado que en Puerto Naos y La Bombilla hayan emisiones difusas de gases. Es más, como ha quedado ya suficientemente probado, se trata solamente de dióxido de carbono, CO2. De hecho, siempre ha habido y hay emisiones difusas de gases, como bien lo saben los científicos que llevan tomando estas medidas desde hace muchos años. La novedad fundamental ahora es que hemos tenido en el Valle de Aridane una erupción del volcán más devastador de Canarias. Y aquí surge el debate de si estas emisiones guardan relación o no con Tajogaite. Se han aportado algunas luces, pero aún hay muchos interrogantes. Yo sostengo que, probablemente como ha dicho Nemesio Pérez, se trata de un origen magmático profundo, asociado a un proceso hidrotermal. No es un asunto baladí, ya que, si esto es cierto, nadie se ha atrevido a pronosticar su duración temporal, que puede ser de años y décadas.
Desde hace más de un año, la gestión en semáforo amarillo, gestionada por el Cabildo de La Palma, ha sido nefasta, de incapacidad manifiesta para afrontar la realidad, escasa de recursos, humanos y técnicos. Una gestión, sin horizontes, que usa la coacción y el desprecio a los vecinos, a través de sus empleados, insultante y egocéntrica. Una gestión que tiene un responsable política y jurídicamente, Mariano H. Zapata.
La gestión política es paralizante. Supuestamente, está basada en los informes del Comité Científico de Evaluación y Seguimiento del PEVOLCA, que una y otra vez, parecen copias repetidas con el mismo discurso. Sin embargo, desde finales de enero, hay una frase que ya no figura en los informes, y esto es relevante. Siempre terminaba: “Por todo lo anterior, en esta etapa post-eruptiva, se sugiere mantener el color del semáforo volcánico en amarillo.” Ya no existe esta sugerencia. Sencillamente, porque no se justifica mantener el semáforo en amarillo. Por eso, pido que se pase a verde. De esta forma, dejaría de estar activo el PEINPAL, y no existiría emergencia. Aunque se puede mantener una situación de prealerta, por la desgasificación de gases. Ello hace que lo que se activa es el PLATECA, el Plan de Emergencia de Canarias. El PEVOLCA, además, dejaría de funcionar.
El pase a una situación de prealerta, como planteo en el informe, se justifica, además, como dice el Plan de Emergencia de Canarias, por la incapacidad del Cabildo de La Palma de asumir con recursos propios el problema de las emisiones difusas, La gestión pasaría al Gobierno canario.
Actualmente, el gobierno autonómico no está haciendo nada con recursos, salvo subvenciones a INVOLCAN, y la adquisición del 100% del accionariado de esta sociedad pública. INVOLCAN además del Estado y del Cabildo, recibe cantidades que representan más de 2.400.000€. Ni la Consejería de Transición Ecológica, responsable de evaluar la calidad del aire, ni la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, ejercen competencia alguna. Sólo Salud Pública se ha implicado con la aportación de dos informes y un escrito. Los últimos, en
enero de 2023, con aportaciones muy relevantes de la ineptitud de lo que se hace. Luego está el Comisionado especial para la Reconstrucción, quien suelta globos sonda y, además, llenos de mentiras. Nos dice que hay tres millones de euros para atender, no la solución, sino el problema delas emisiones difusas. La realidad es que en los presupuestos de este año solo hay 1,5 millones de
euros. Luego, que hay 750.000 € para nuevos sistemas de monitorización, dinero que ya es parte de los ya mencionados 1,5 millones.
En Puerto Naos y La Bombilla, en más de un año ya largo, no se ha hecho nada nuevo, salvo medir concentraciones, y mal. La actuación del IGN es penosa y jurídicamente, recurrible, pues por ley está obligada a la “vigilancia sísmica, vulcanológica y de otros fenómenos geofísicos”. Solo INVOLCAN se ha implicado de manera más activa, como obligación a las subvenciones que recibe. INVOLCAN ha hecho mediciones de concentración, de flujos de CO2, estudios de la firma isotópica, y medidas en interiores. El IGME no se sabe qué hace, pues las únicas noticias que se refieren a este organismo, a través de los medios, es la posibilidad de hacer unas catas o sondeos.
Es muy significativo lo que dice Salud Pública en el informe de 25 de enero de 2023. Aunque hay una afirmación que dicen que la situación de la desgasificación en Puerto Naos y La Bombilla es única en el mundo, eso no es cierto. Lo que la ha convertido en única es una evacuación eterna en el tiempo. Salud Pública, en su informe, pide que se elabora un “Sistema de Información unificado”, dado que “existe un problema real de calidad, calibrado y fiabilidad de la instrumentación”. Por ello, pide requisitos que debe cumplir las mediciones, como exactitud, precisión y fiabilidad. Definitivamente, no han hecho sino tomar medidas, y mal.
En el informe, expongo tres casos concretos, que demuestran que, aunque las emisiones difusas de gases (CO2 e incluso SO2 y H2S) llevan años produciéndose, a pesar de ser zonas habitadas, se sigue viviendo en ellas. Son los casos de Furnas, en la isla de San Miguel en Azores, donde se produce una desgasificación permanente desde la erupción del volcán en 1630. Viven 1.500 personas, un 58% del pueblo, sobre un campo geotermal. O el barrio residencial de Cava dei Selci, en el municipio de Marino y Ciampino, donde viven 4.000 personas. Además, expongo más ampliamente el caso de la isla de Vulcano, con más de 100 años de desgasificación, y donde ennoviembre a diciembre de 2021 sufrió una evacuación sólo nocturna.
El informe aporta mediciones realizadas por mí en el núcleo de La Bombilla (queda pendiente de hacer Puerto Naos). Dichas mediciones no ponen en duda de que hay emisiones difusas deCO2. Sin embargo, creo que un estudio más exhaustivo del flujo dinámico y de la dispersión del CO2, permitiría identificar y actuar en las zonas de fracturas más débiles. En gran parte de La Bombilla se puede vivir, ya que he comprobado que, en el exterior, las concentraciones no superan 1.000 ppm a 1,40 m del suelo. Sí es cierto que hay un núcleo entre las viviendas que es algo más conflictivo, así como cuevas y grutas en la zona del risco. Un aspecto importante que observé es que existen fluctuaciones, en cuestión de segundos, de un rango de más de 30.000 ppm.
El aspecto más importante del informe que se ha presentado en todas las administraciones y el Juzgado es que aporto propuestas de actuación, bajo una premisa básica, que es posible y necesario el retorno a la vida en Puerto Naos y La Bombilla. Además de dar por finalizada la alerta del semáforo amarillo, el Decreto 2022/9435 del Cabildo Insular de La Palma, sobre la declaración de
zonas de exclusión La Bombilla, Puerto Naos y las coladas interiores, debe anularse. Solicito también que con este retorno se arbitren una serie de medidas que lo hagan posible:
– Se necesita, tal como plantea el informe de Salud Pública, un Sistema de Información coordinado por el responsable del gobierno canario. Curiosamente, Héctor Izquierdo anunció algo similar, pero sin precisar. Yo pediría que se hiciese con la población en sus casas.
– Es necesario instalar estaciones permanentes para monitoreo de los flujos de CO2, unido alas variables meteorológicas. Los mapas de flujo/concentración de CO2 en el suelo son herramientas fundamentales para la toma de decisiones.
– Realización de modelos de dispersión, ya que aportan informaciones muy relevantes para la toma de decisiones, ya que permiten obtener simulaciones a 0,50 y 1,0 m.
– El retorno a las viviendas, según el protocolo del Dr. Aldo Gonzáles Brito. Para lo cual, se necesita dotar a cada vivienda y local de detectores tipo Dioxcare de rango 0-10-000 ppm.
– Dotar, además a todas las viviendas de manera fija con sistemas automáticos, con señal Wifi y alarma. Sánchez, cuando prometió los 3 millones, lo comentó. Sus palabras vuelan.
– Medidas de mitigación y ventilación forzada, prioritariamente en garajes, locales y plantas bajas. Lo vienen anunciando eternamente.
– Una intervención específica en La Bombilla. En vez de gastarse dinero en un inútil embarcadero, deberían dotar a las Bombilla, por sus singularidades urbanísticas, de medidas de intervención de tipo urbanístico: identificación de puntos frágiles en las viviendas, instalación
de sistemas de sellado con tecnología que existe para ello, o uso de membranas a prueba de gases junto con una losa de hormigón armado sobre una capa de ventilación granular, o facilitar el crear un vacío en un subsuelo ventilado.
– Dotar a ambos núcleos de sistemas de señalización y evacuación, además del uso de una aplicación móvil, más eficaz que los altavoces.
– Un plan de información a la población, más que la transmisión de mitos y el hostigamiento a vecinos. Para ello, un centro de monitoreo abierto al público. La información debe ser educativa y formativa, respetando los derechos fundamentales de las personas.
Las decisiones políticas deben ser inmediatas, y facilitar el retorno, sin excusas, a Puerto Naos y La Bombilla. En caso contrario, hago un llamamiento a la desobediencia civil, como un acto legítimo, para que los vecinos vivan en sus casas en Puerto Naos y La Bombilla. Al menos, inicialmente, durante la jornada diurna.
Y en el medio plazo es necesario elaborar un Plan de Riesgos, Mitigación y Seguridad para las emisiones difusas de gases. Curiosamente, existe el PEVOLCA, por riesgos volcánicos, el PESISCAN, por riesgos sísmicos, pero no existe este plan para un fenómeno nuevo por su
descubrimiento pero no tan antiguo.
*Francisco J Rodríguez Pulido (profesor jubilado de Física y Química, licenciado en Química Orgánica y Pedagogía).
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Berolo
Otro experto jubilado que no tiene más que hacer!
No creo que ningún político tenga intereses en que la mayor zona turística este cerrada, pero si se abre y dos meses después muere un niño jugando en un garaje… buff!
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pegonfer
Yo me pregunto: será por culpa del Cabildo de la Palma o del Gobierno de Canarias?…. ahi lo dejo….
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AZERO
Gracias, Pulido, por su análisis detallado y profesional de la situación.
Lástima que los que toman decisiones en relación a este asunto, ni siquiera se van a molestar en leerlo. Se lo impide su prepotencia, arrogancia, ignorancia e incompetencia.
No en vano tenemos la más deleznable clase política de la historia con su cohorte de enchufados apesebrados y “técnicos” bufos al frente de instituciones y chiringuitos paralizantes (como bien dice) y manipuladores, capaces de cualquier aberrante manipulación antes de morder la mano que les da de comer.
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Cabrilo
Que los dejen bajar, y se hagan responsables de cualquier muerte!
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Calixtos
es una verguensa, meses y meses y esta jente sin poder ir a sus casas, zapata es mas malo qye carne pescueso
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Martelero
Y ¿La Ley de Costas?
Ahhh, no, que fue transferida al Gobierno Autonómico para que haga y deshaga a su antojo, al margen de la ley. Y luego dicen que si repúbllicas bananeras.
Torres: «Calma, los hoteles van a seguir ahí»
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