El pleito que salvó el título de Villa de San Andrés

La historia suele revelar sus secretos en los lugares más inesperados. No siempre aparecen en privilegios solemnes o en grandes crónicas, sino entre los folios de un expediente judicial olvidado. Así ha ocurrido con un pleito promovido en 1702 entre vecinos de la Villa de San Andrés y el alcalde de la jurisdicción, cuya documentación, conservada en el Archivo General de La Palma, ha permitido recuperar una prueba de extraordinario valor para la historia Insular; una Real Cédula de 1674 en la que la Corona reconocía expresamente a San Andrés como Villa.

Desde los primeros tiempos de la colonización de La Palma, la relación entre San Andrés y Los Sauces estuvo marcada por una singular dualidad. Mientras la Villa concentraba la representación política, administrativa y jurisdiccional de la comarca, Los Sauces se consolidaba como el principal centro económico gracias a la riqueza de sus aguas y la prosperidad de los ingenios azucareros establecidos en su territorio.

Aquella convivencia de intereses no estuvo exenta de tensiones. A comienzos del siglo XVIII, el equilibrio entre ambos núcleos se vio alterado por el nombramiento del sargento Juan Fernández de Mérida como alcalde de la jurisdicción. A diferencia de quienes le habían precedido en el cargo, el nuevo alcalde decidió fijar su residencia en Los Sauces, desatendiendo la costumbre de establecerse en la villa de San Andrés, sede tradicional de la administración local.

La decisión provocó una inmediata reacción entre los principales vecinos de la Villa. Encabezados por el capitán Miguel de Abreu, denunciaron la situación ante el teniente general Rojas, alegando que la ausencia continuada del alcalde estaba causando graves perjuicios a la administración de justicia. Según exponían, numerosos pleitos permanecían paralizados durante meses porque el juez no acudía regularmente a la villa para despacharlos, dejando a los vecinos en una situación de indefensión.

La respuesta de Fernández de Mérida fue tan audaz como controvertida. Además de restar importancia a la distancia existente entre ambos núcleos de población, cuestionó la relevancia de San Andrés dentro de la jurisdicción. Afirmó que la Villa apenas contaba con algo más de una docena de vecinos, mientras que Los Sauces era un lugar mucho más poblado y dinámico, cuya importancia económica y demográfica justificaba sobradamente su elección de residencia.

Sin embargo, el conflicto alcanzó una dimensión inesperada cuando el alcalde optó por presentar su renuncia al cargo y lanzó un desafío que trascendía la disputa personal. Exigió que quienes defendían la preeminencia de San Andrés acreditaran documentalmente su condición de Villa. La cuestión es fundamental, pues si no existía prueba legal de tal título, también quedaba debilitado el fundamento de sus privilegios y prerrogativas.

La exigencia no era menor. Desde hacía siglos se daba por sentado que San Andrés poseía la categoría de Villa, pero la documentación que lo acreditaba no era conocida. De hecho la ausencia de pruebas concretas había sido señalada por diversos estudiosos y cronistas, entre ellos Juan Bautista Lorenzo en el siglo XIX.

Fue entonces cuando se produjo el episodio más trascendental de todo el proceso. Para sostener los derechos de la Villa, el capitán Miguel de Abreu presentó ante la autoridad judicial una Real Cédula original expedida en 1674 por la Reina Gobernadora Mariana de Austria. El documento ordenaba que se respetaran las preeminencias, exenciones y privilegios de la Villa de San Andrés, reconociendo expresamente dicha condición.

La importancia histórica de esta pieza documental resulta difícil de exagerar. No se trata únicamente de una referencia honorífica o protocolaria. La Real Cédula demuestra que la monarquía reconocía oficialmente a San Andrés como Villa y amparaba jurídicamente los derechos inherentes a esa condición. Gracias a este documento se cubre una importante laguna historiográfica y se aporta una evidencia directa de un estatus que la tradición histórica atribuía a San Andrés desde los tiempos posteriores a la conquista.

El pleito concluyó el 9 de marzo de 1702 con una victoria moral y jurídica para la Villa. Aunque la renuncia de Fernández de Mérida supuso la pérdida inmediata de la autoridad gubernativa que ejercía, San Andrés logró afirmar ante la justicia sus derechos, su capitalidad histórica y su condición de Villa frente al creciente protagonismo de Los Sauces.

De hecho, puede afirmarse que, sin aquel pleito de 1702, la Real Cédula de 1674 quizá habría permanecido oculta entre los legajos del archivo y una de las pruebas más importantes de la identidad histórica de la Villa seguiría siendo desconocida.

Fondo documental: Autos del pleito promovido por varios vecinos de San Andrés contra el alcalde de la jurisdicción. Fondo Antonino Pestana. Archivo General de La Palma.