Las políticas que, desde las diferentes administraciones se están desarrollando ante la grave crisis económica, financiera y social que padecemos, se caracterizan, básicamente, por estar centradas en la reducción del déficit y del gasto público. Nadie pone en duda que la política de recortes afecta, y brutalmente, a la prestación de servicios fundamentales y que, en el ámbito educativo, tiene consecuencias en el aprendizaje del alumnado y en la calidad de la enseñanza. Tampoco podemos obviar que dichos recortes se traducen en una disminución del número de profesionales, 30.000 docentes, procedentes de plazas de jubilaciones no cubiertas y de interinos no contratados. Esta medida afecta, además, a conserjes, servicios de limpieza, aulas matinales, comedores, personal de apoyo, a la oferta de empleo público y a los haberes de los propios funcionarios docentes.
El informe de la OCDE "Panorama de la Educación 2011" pone de manifiesto la necesidad de reforzar la inversión en educación, máxime en un momento de crisis económica como el que atravesamos. Revela, asimismo, que cuanto mayor es el grado de titulación académica del alumnado, menores serán las posibilidades de que no encuentre un puesto de trabajo digno. No en vano, las tasas de desempleo de los españoles con estudios inferiores al Bachillerato o ciclos de Grado Medio ascienden a un 21,9%, frente al 9% de los que tienen estudios universitarios o superiores.
Otro dato que invita a la reflexión es, sin duda, que el porcentaje de españoles de 25 a 34 años con estudios superiores, en nuestro Estado, es inferior en 17 puntos con referencia a la OCDE y 19 puntos en cuanto a la UE. Cabe destacar que es un tramo donde se encuentra el elevado índice de paro juvenil y que este hecho confirma la necesidad de que se apueste, también, por la Formación Profesional y se avance en los Programas de Cualificación Profesional Inicial, sobre todo, con la intencionalidad de facilitar el retorno de los jóvenes que abandonaron, en la época de bonanza económica, el sistema educativo para ocupar un trabajo en el que se exigía una baja cualificación.
La mejor estrategia, y dejémonos de rodeos, para crear empleo es apostar, sin tapujos, por una educación de calidad. No lo digo yo, sino que todos los informes lo ponen de manifiesto, insisten en la misma idea, en equipararnos a Europa. Mucho me temo que, para ello, tendremos que cambiar, de paso, las prioridades de la clase política actual, es decir, dicho en otras palabras, si quieren recortar, ¿Por qué no se recortan en primera persona?
Echamos en falta que se aborde una política de austeridad pública seria, coherente y con rigor, acorde a los tiempos. Y no tenemos que irnos muy lejos para ver ejemplos de esta índole, de la política de despilfarro que tanta desafección nos produce.
En nuestra Isla, no se ha abordado el debate de aglutinar concejalías o consejerías o eliminar, inclusive, aquellas que tengan poca actividad y, en consecuencia, beneficio para la sociedad. No se prescinde de proyectos, a los que se les destina cantidades asombrosas de dinero, de esa empresa pública Sodepal, en la que muchos palmeros no ven del todo claro el rédito que se extrapola al desarrollo socio-económico insular.
No se mancomunan servicios, se elimina el solapamiento de competencias y, ni por asombro, se les pasa por sus cabezas tener sueldos equiparables a cualquier ciudadano. Nos piden que nos abrochemos el cinturón cuando ellos, concejales de nuestros pueblos, tienen sueldos que no distan de los 3.000 euros mensuales y se liberan, casi en su totalidad, el grupo de gobierno. Nos insisten en los valores del esfuerzo, en la autoexigencia, nos dan lecciones de ética, cuando muchos no son ejemplo, precisamente, ni de tener méritos. Sólo son conocedores de las artes que te aseguran un futuro digno en política, arrimarte al árbol que más sombra cobija, no importándoles, si fuera necesario, traicionar a compañeros de partido. En política, para algunos, algunos muchos…, el fin sí justifica los medios.
Y, el colmo de los colmos, es pretender que nos quedemos impasibles ante la gran cantidad de enchufados, cargos de confianza por doquier, que, simplemente con darnos una visita a muchas de nuestras administraciones, detectamos. Nos hablan, también, de transparencia política, cuando son ellos los primeros reacios a publicar sus suculentos sueldos, así como la declaración de bienes y patrimonio, a la entrada y salida de su responsabilidad pública, en la webs de los consistorios y de la Institución Insular. Un ejercicio sano, de transparencia democrática. No nos asombremos, entonces, del gran número de ciudadanos que, en una cita electoral, no opta por ir a votar. No se equivoca el CIS cuando sitúan a la clase política como la tercera preocupación de los españoles, y de ahí que cientos de miles de ciudadanos busquen nuevas formas de representación, de canalizar la defensa de sus derechos, como es el caso del Movimiento 15-M. Y es que ya no se cree ni en los políticos ni en los sindicatos…
Desde el colectivo juvenil Alternativa XXI, no nos vamos a quedar de brazos cruzados, no vamos a dejar de reivindicar, con tesón, algo que consideramos crucial. La educación no es gasto, es inversión. No apoyamos los recortes.
Para dejar de hacer el cangrejo, las autoridades públicas tienen que destinar el 7% del PIB a educación, lo que significaría una inversión anual de 2.800 millones de euros en nuestra Autonomía. De lo contrario, seguiremos en Canarias con las mayores tasas de fracaso escolar, el mayor número de alumnos por profesor, con las mayores tasas de precariedad laboral entre los docentes, con un porcentaje del 27, 37% de profesorado interino-sustituto y con reducciones salvajes de plantillas en los centros.
Ejemplificando lo expuesto y a modo de dato revelador, actualmente hay unos 1.200 profesores menos que hace tres años y se ha pasado de más de 25.000 profesores a menos de 24.000 para el presente curso.
Que la crisis económica la paguen los verdaderos culpables. Que no nos recorten el futuro. No vale todo.
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