Menos palabras, más hechos

Este año 2012 celebramos el bicentenario de la primera Constitución española y qué mejor forma de conmemorarlo si, de una vez por todas, se plasmaran una serie de reformas de vital interés en nuestra Carta Magna. Pensarán algunos que le estoy pidiendo peras al olmo. Quizá tienen razón.

A estas alturas del partido, a nadie se le escapa que es más que necesario reformar, por ejemplo, el Título VIII de la Constitución Española: "De la organización territorial del estado". De lo contrario, determinados mequetrefes nacionalistas continuarán abriendo embajadas en nombre de naciones inexistentes, imponiendo el uso de una determinada lengua o, a cambio de apoyos puntuales, seguirán exigiendo una serie de "beneficios".

Necesitamos, además, un nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas, que garantice los principios de suficiencia y solidaridad entre territorios, y que proporcione los recursos suficientes adicionales para evitar que las regiones más desfavorecidas por circunstancias económicas o geográficas salgan perjudicadas, aplicando índices como la evolución del PIB, descenso de población activa o el volumen de emigración cualificada.

Hay que ser sensibles, arrimar el hombro, evitar en estos tiempos toda política que afecte al equilibrio territorial y a la solidaridad nacional entre Comunidades Autónomas. La confrontación innecesaria entre los principios de estabilidad presupuestaria y de lealtad institucional, desde mi punto de vista, no tiene que seguir siendo un hecho en la España actual ya que ninguna administración debería reducir su déficit aumentando el déficit de otra.

No voy a poner en entredicho que hay competencias que deben ser asumidas por las autonomías debido a una simple cuestión, mera racionalidad administrativa, pero, también, si queremos poner remedio a uno de los grandes males que padecemos en la actualidad, el solapamiento de competencias, como mínimo nuestros señores políticos tendrán que abandonar el discurso, dejar la bobería y el complejo. ¡Queremos hechos y no tanta verborrea!

En Canarias, por otra parte, deben asegurarse los puestos de trabajo de los servicios públicos esenciales, Sanidad y Educación, y nadie duda que, con la que cae, se hace más que necesario eliminar puestos "absurdos" que no aportan nada en los diferentes niveles administrativos y en las empresas públicas. El sobredimensionamiento de la estructura administrativa de las Islas es insostenible con la crisis y ya se evidencian las dificultades para pagar las nóminas de los funcionarios que trabajan para los tres escalones de las administraciones canarias. Sobra, por tanto, en estos tiempos de enorme adversidad económica, el personal que ha accedido por criterios de "confianza" y "lealtad".

Nos vendría como agua de mayo, en definitiva, una reforma de la Administración que realmente logre mejorar su funcionamiento y distribuir mejor sus recursos, no sólo para prestar un mejor servicio al ciudadano, algo que es fundamental, sino para que también se garanticen los puestos y las condiciones laborales de quienes se han incorporado por los sistemas legales de nombramiento y oposiciones a la Función Pública.