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El CSIF exige un cambio en las condiciones del personal del Consorcio de Servicios de La Palma para evitar la conflictividad

Afirma que se le debe aplicar el mismo régimen jurídico que al personal del Cabildo Insular o, en su defecto, al personal de las administraciones locales

Consorcio Servicios de La Palma. Archivo.

El Comité de Empresa del personal del Consorcio de Servicios de La Palma presentó el 16 de mayo pasado un escrito dirigido al presidente del Cabildo, Anselmo Pestana, comunicándole que el “Consorcio de Servicios tiene que ser reconocido como organismo del sector público institucional con efectos desde el 2 de octubre de 2016, conforme a la normativa vigente”.

Asimismo, se le traslada a la Corporación insular la “obligación de aplicar a su personal el mismo régimen jurídico que al resto del personal adscrito al Cabildo o, en su defecto, el régimen jurídico del personal de las administraciones locales”. Al tratarse de personal contratado en régimen laboral, “se le deben aplicar las normas legales y convencionales de carácter laboral, es decir, Estatuto de los Trabajadores, Convenio Colectivo de personal laboral, y aquellas normas administrativas que en materia de personal sean de aplicación al conjunto de la plantilla, sea de carácter funcionarial, como laboral”.

La comunicación remitida al Cabildo implica un “vuelco espectacular en las condiciones de trabajo del personal del Consorcio de Servicios, que son infinitamente inferiores a las del resto del personal a los que debe equipararse”, afirma.

Por ese motivo, el Sindicato que representa a la mayoría del Comité de Empresa propone, también, “la apertura del proceso de negociación colectiva que conduzca a la aprobación de un convenio colectivo, hasta ahora inexistente, y cautelarmente, el estudio de las cláusulas contractuales anexas a los contratos de trabajo que se formalizan con los trabajadores, para su adecuación a la materia legal y convencional del personal del resto del Cabildo, o subsidiariamente, del resto de las corporaciones locales”.

Es decir, un nuevo escenario distinto al actual regido por “normas mercantilistas o de empresa privada, absolutamente distintas a las que se aplican al personal de las administraciones públicas”.

Finalmente, se espera por parte del CSIF, una adecuada receptividad por parte del Cabildo Insular y de la gerencia del Consorcio, que evite un “escenario de conflictividad laboral, no deseado, pero inevitable, en caso de que la situación socio-laboral del personal del Consorcio no cambié radicalmente en los próximos meses”.

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