El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado hoy el Decreto por el que se fijan los precios públicos a satisfacer por la prestación de servicios académicos de carácter universitario para el curso 2018-2019, para las universidades públicas de la Comunidad Autónoma de Canarias, en el que se ha incluido, por segundo año consecutivo, una reducción del coste de los estudios que soportan las familias.
Para el próximo curso 2018/2019, la reducción de los precios públicos será de un 10 por ciento para los estudios de grado y de un 17,5 por ciento, para los de Máster. De esta forma, y teniendo en cuenta los precios actuales de las universidades pública en el resto del Estado, sólo en Galicia sería más económico acceder a una carrera universitaria que en Canarias.
Aunque depende del nivel de experimentalidad de los diferentes estudios, el precio más barato de un crédito universitario quedará fijado en 10,18 euros, de manera que en Canarias se podrá cursar un año académico completo de los estudios de grado universitarios, a partir de 611 euros. En el caso de los másteres habilitantes, el precio mínimo por crédito se sitúa en 17,26 euros y, en los no habilitantes, en 19,92.
Estos precios públicos se alcanzan en el segundo de los tres años de reducción de precios en las universidades públicas, de los tres previstos previstos por el Gobierno para situarlas como las más económicas del Estado para las familias. Para que la minoración de un 8 por ciento en la matrícula de los estudios de grado y de un 15 por ciento en los másteres realizada el curso pasado no repercutiese en la calidad que pueden ofrecer al alumnado, el Gobierno compensó a las universidades con 3,5 millones de euros adicionales. Con esta nueva rebaja de la parte del coste de matrícula que recae sobre las familias, la previsión del Gobierno es incrementar su financiación en torno a cuatro millones de euros más.
La finalidad de esta medidas es fomentar las matriculaciones en las universidades canarias y, ante todo, lograr que ninguna persona con talento, aptitudes y deseo de cursar estudios superiores tenga que renunciar a ellos por motivos económicos.
El Decreto aprobado hoy regula también la gratuidad o descuento de los estudios por haber obtenido permiso, como matrículas de honor, premios extraordinarios de Bachillerato o de fin de carrera y otros, pero, además, otorga la aplicación de estas minoraciones económicas a colectivos concretos.
Por ejemplo, las personas que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento, quedarán exentas del pago de los precios públicos establecidos en el Decreto, así como las personas que hayan sido víctimas de bandas armadas o de actos de terrorismo, así como sus cónyuges y descendientes en primer grado.
Por motivo de violencia de género, estarán exentas las mujeres, sus hijos menores y los menores sujetos a su tutela, o guarda y custodia, que tengan la condición de víctimas de la violencia a la que hace referencia la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.
Las personas que sufran lesiones invalidantes comprendidas en el ámbito de aplicación del Real Decreto-Ley 8/2004, de 5 de noviembre, sobre indemnizaciones a los participantes en operaciones internacionales de paz y seguridad, así como a sus descendientes en primer grado y cónyuges de las personas fallecidas, en su caso, estarán exentas del pago de los precios públicos establecidos en el Decreto.
Y, por último, se establece exención para los miembros de las familias numerosas clasificadas en la categoría especial y una bonificación del 50% para los de categoría general.
Otras ayudas
Esta importante reducción del coste de los estudios superiores para las familias canarias da un paso más en la política de equidad emprendida por el Gobierno de Canarias, para que la economía familiar sea cada vez menos una barrera para la formación de las personas, hasta el máximo nivel de sus capacidades.
Así, desde el curso 2017/2018, se acordó con las universidades públicas de Canarias facilitar el acceso de las familias a los estudios universitarios, dándoles más de los cuatro plazos habituales para el pago de las matrículas. La ampliación hasta seis plazos, que se mantendrá el próximo curso, facilita en gran medida que las familias hagan frente a los costes de los estudios.
También se mantienen las becas universitarias de Canarias, con más de 12 millones de euros. Todas las personas que quieran estudiar en la universidad y su familia tenga una renta menor a 38.831 euros al año (para familias de 4 miembros), tienen pagada la matrícula universitaria el primer año y, a partir del segundo, si aprueban el 70% de las asignaturas, el 65% en Ciencias o el 50% en las ingenierías y arquitecturas. Además, las becas contemplan también ayudas de hasta 1.500 euros por motivos de renta, otros 1.500 para residencia, ayuda con los gastos de transporte según la distancia al centro universitario, etcétera.
Y, si tienen que desplazarse porque en su isla no existen los estudios superiores escogidos o no hay plaza para cursarlos, el Gobierno volverá a sacar el próximo año la convocatoria para el pago de cuatro traslados desde su isla al lugar de estudios y viceversa.
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