El Parlamento da vía libre a la revisión de la Ley de Islas Verdes impulsada por CC

El pleno del Parlamento de Canarias aprobó la toma en consideración de la proposición de ley sobre la ordenación territorial de la actividad turística en las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma que presentó Coalición Canaria y que contó con el respaldo de los grupos nacionalista, popular y mixto (ASG).

El parlamentario palmero Antonio Castro Cordobez fue el encargado de presentar y defender la proposición sobre las llamadas islas verdes que “permita un verdadero modelo de desarrollo sostenible con el medio ambiente, que genere mayores expectativas de crecimiento en unas islas, en las que no se disfrutan de las mismas condiciones y posibilidades que en el resto”.

En este sentido, Castro Cordobez recordó que tanto La Palma, La Gomera y El Hierro se ven afectadas en su desarrollo por tener menos población, rentas más bajas, mayor dependencia del sector público, envejecimiento de la población y emigración de los jóvenes”.

El objetivo fundamental de esta modificación es una labor de reestructuración, sistematización interna y refundición del texto de la Ley 6/2002 que tras su aprobación ha sido modificada de un modo directo ocho veces y de manera indirecta otras cinco, habiendo sido afectada, igualmente, por la sentencia 42/2018 y cuyos matices respecto a determinado aspectos de índole ambiental se introducen en la nueva Ley.

Esta nueva ordenación jurídica dotará de seguridad y certeza jurídicas a los operadores económicos y a las Administraciones competentes para su aplicación, que estaban encontrando ciertas dificultades para la interpretación de la norma.

Asimismo se consolida el modelo de estas islas, diferenciado dentro del marco legal del ordenación de la actividad turística para el ámbito autonómico, cuyos principios siguen vigentes y actuales desde su inicial formulación en el año 2002. Estos principios reivindicaban para tales islas “permitir un modelo turístico alternativo al de la urbanización turística del litoral, que se sustente en la puesta en valor del paisaje como recurso, que dé respuesta a las demandas que con relación a estos modelos plantea el mercado y establecer los mecanismos suficientes para el traslado al mundo rural de parte de las economías que se generan por la actividad turística, en la cuantía necesaria para el mantenimiento, conservación y mejora del paisaje”.

Esta legislación especial, apuntala la prevalencia de la Ley sobre los preceptos normativos de los instrumentos de ordenación aprobados hasta la fecha, formulados e inspirados en gran medida en criterios y objetivos contrarios a la misma, y cuya infraordenación a la Ley conlleva su derogación por ésta.

Castro Cordobez destacó que esta Proposición de Ley, que surge de la iniciativa parlamentaria, “en ningún caso autoriza la urbanización del suelo rústico”, tal y como ha reconocido el Tribunal Constitucional, por cuanto no se produce un proceso de transformación del suelo. Lo que sí se permite es que el suelo rústico sea soporte a la implantación de actividades turísticas y esta nueva normativa, al incorporar determinadas innovaciones derivadas de la sentencia del Tribunal Constitucional y la adaptación a la Ley del Suelo, consigue el necesario equilibrio entre el desarrollo económico y la sostenibilidad territorial y ambiental consustancial al suelo rústico y el respeto con los valores propios de cada categoría.