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Afectados por la carretera de la costa aseguran que el consenso oficial no es el real y reclaman un trazado menos destructivo

 El portavoz de la Plataforma de Afectados por la Carretera de la Costa, Elías Navarro,  reclama al Gobierno regional la modificación del nuevo trazado de esta vía, cuyo proyecto se tramita por procedimiento de emergencia, que pretende unir Tazacorte y Puerto Naos. Cuenta este colectivo ciudadano con el apoyo de cientos de vecinos del Valle, así como de cooperativas plataneras y algunos partidos políticos.

Navarro afirma en una entrevista concedida al foro de opinión La Palma Opina que “el restablecimiento de las vías e infraestructuras previas al volcán es algo absolutamente necesario”, otra cosa- haciendo referencia a la ejecución del trazado que propone el gobierno regional- “es que se tenga que hacer de esta forma, con este trazado y por la vía de emergencia”.

El portavoz vecinal, licenciado en Derecho, señala que “la vía de emergencia se debe ceñir al restablecimiento de infraestructuras preexistentes” y añade que, según la legislación, “la fundamentación de las obras de emergencia es restituir lo que ya existía, pero en este caso se está utilizando la emergencia para realizar una obra nueva”.

En cuanto al perjuicio que, según Navarro, acarrearía la nueva vía a los vecinos de Tazacorte y a la producción agrícola de la zona, indica que “el trazado no solo va afectar a 21 hectáreas y 42 fanegas de plátanos, según Asprocan, sino que afectaría a tres núcleos de población, tres barrios de Tazacorte que han sobrevivido a la erupción y se perdería cerca de un millón de kilos de plátanos, lo que afectaría a toda la isla, ya que una fanega da dos puestos de trabajo y medio, entre trabajo directo e indirecto”.

Preguntado por la versión del Ejecutivo regional en relación al terreno que quedará afectado con la ejecución del nuevo trazado de la costa, Navarro pone en entredicho las cifras oficiales de que solo se destruirán “2,3 hectáreas”, dato que cree “extremadamente sesgado”, porque “hay que contar también los taludes, desvíos, futuros ramales y fincas que van a expropiarse de forma completa”.

Ante esta previsión del Gobierno canario, la alternativa que propone la plataforma consiste en “utilizar la vía anterior para realizar una nueva, una bifurcación a la altura del antiguo cruce de la costa y tunelar los últimos 760 metros”.

 

APOYO A LA PLATAFORMA, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONSENSO

 En referencia al respaldo popular recibido por la plataforma en el desarrollo de sus reivindicaciones, Navarro señala que “todas las manifestaciones públicas hechas por colectivos agrarios y partidos políticos, tanto expresas como tácitas las últimas semanas, son de un no apoyo a este tipo de trazado o carretera.

Pero no solo han mostrado adhesión los vecinos afectados, cientos de habitantes del valle de Aridane o cooperativas empresariales del plátano, sino que en la manifestación que convocaron había representantes de cuatro partidos distintos (Coalición Canaria, Más País, Izquierda Unida y Sí Podemos), según explica el portavoz, “lo que nos conduce a pensar si el consenso real existe” sobre la futura carretera, pues “dentro de los partidos hay disidencia y personas que quieren ayudar, empatizan con nosotros y no quieren seguir viendo el sufrimiento de una población castigada”.

De hecho, recientemente se han reunido con los grupos políticos del Parlamento canario, y todos, excepto un partido –que ha pedido hacer unas consultas antes de pronunciarse-, han mostrado su predisposición a que se estudien las alternativas que da la plataforma, según han informado a La Palma Opina Navarro, unos días después de realizada la entrevista con este foro de opinión.

En cuanto a la participación ciudadana en la tramitación de este proyecto, el portavoz de la plataforma aclara: “No hablo de una participación ciudadana absolutamente permanente, saltándose cualquier tipo de procedimiento democrático, hablo de la participación efectiva, escucha y de auténtica vinculación de la opinión de la gente en la realización de las distintas medidas por parte de las administraciones”.

 

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