CC condena que el PSOE niegue a los palmeros la rebaja fiscal que aplica en Ceuta y Melilla y culpa a Torres de querer "tumbar" la medida aprobada en el Congreso

Coalición Canaria ha tachado hoy de “muy grave” que el PSOE insista en negar a los palmeros y palmeras la rebaja del 60 % en los tramos autonómico y estatal del IRPF que ya se aplica en las ciudades de Ceuta y Melilla y que fue aprobada la semana pasada a instancia de los nacionalistas canarios y con el voto en contra del PSOE. CC advierte que “la situación de La Palma sigue siendo insostenible y necesita ayudas de corto, medio y largo plazo más allá de las que llegan a cuentagotas del Estado o del Ejecutivo canario”.

Los nacionalistas no entienden que el presidente canario siga defendiendo desgravaciones fiscales selectivas y niegue la aplicación de una rebaja fiscal “a todos los trabajadores palmeros porque, en definitiva, la erupción volcánica ha lastrado la economía de toda la Isla”, cuando, además, esta es una medida que se aplica en otros territorios. En este sentido, insisten en el empecinamiento de Torres de querer “tumbar” la iniciativa aprobada la semana pasada por mayoría en el Congreso y que supondrá una media de 370 euros mensuales más para cada trabajador en La Palma.

Desde Coalición Canaria-PNC lanzan un mensaje al Gobierno canario de “trabajar juntos y defender las iniciativas que son buenas para La Palma, con responsabilidad e independientemente de colores políticos porque la isla sigue en una situación de emergencia social y económica y necesita de grandes consensos”.

Asimismo, señalan que no solo se trata de devolver el patrimonio perdido a los vecinos y vecinas de La Palma sino de “seguir impulsando medidas fiscales y económicas que permitan generar actividad y empleo en la Isla”.

Por este motivo, insisten tanto al Gobierno canario como al del Estado que “acaten la mayoría del Congreso y las reglas democráticas y apliquen la rebaja fiscal aprobada a partir del próximo 1 de septiembre”.

De la misma forma, señalan que las medidas aprobadas para La Palma “no solo son insuficientes, sino que no están llegando con agilidad a las personas ni sectores afectados ni ocasionando el impacto positivo necesario para la recuperación económica de la Isla”.