El diputado del Grupo Parlamentario Socialista por La Palma Manuel Abrante ha acusado al Gobierno de Coalición Canaria (CC) y Partido Popular (PP) de “atentar” contra el estilo y forma de vida de las personas afectadas en La Palma tras la erupción del volcán, con la aprobación en la Cámara regional del Decreto Ley de medidas urgentes en materia de vivienda protegida para la recuperación económica y social de la isla. “Realmente no están pensando en los afectados y afectadas por el volcán, parece que se defienden otros intereses”.
Abrante intervino en este último Pleno de la Cámara regional durante la convalidación del Decreto Ley, donde manifestó las “dudas jurídicas” de su aplicación en La Palma. “Se defienden otros intereses y no los de la ciudadanía”.
El diputado socialista también se refirió a las “dudas con las figuras jurídicas” que incluye el Decreto, la “falta de transparencia” y no haber contado con la opinión de las personas afectadas. “Excede con creces la Ley de Vivienda estatal, desplaza los instrumentos insulares y municipales y tiene serios problemas de ejecución”.
Para Abrante, existen numerosas “contradicciones” con respecto a la legislación estatal y el documento puede quedar en “papel mojado”. Por este motivo, acusó al Gobierno canario de llevar a cabo “puso populismo” con las personas afectadas y “jugar” con sus esperanzas e ilusiones. “Nos gustaría saber quiénes son los beneficiarios de estas viviendas, su redacción es ambigua y puede dejar fuera a afectados y afectadas”.
Catálogo para garantizar una vivienda digna
En este sentido, recordó que el propio Consejo Consultivo ha dejado patente la posibilidad de desequilibrios económicos y situaciones injustas entre las personas afectadas, y por ello exigió un catálogo que garantice a todos los afectados una “vivienda digna”.
En este catálogo debe establecerse el número de afectados que tienen derecho a las viviendas públicas, así como el número de viviendas que hay que ejecutar para atender las necesidades de las personas afectadas.
Abrante acusó al Ejecutivo autonómico de generar “afectados de primera y de segunda”, los que pueden reconstruir su estilo de vida al contar con suficientes recursos económicos, y “a los que obligarán a ir a bloques de edificios porque económicamente no se pueden permitir comprar suelo y reconstruir”.
Además, insistió en que no se justifica suficientemente la reclasificación de determinadas parcelas donde se pretenden llevar a cabo las viviendas, y se preguntó qué intereses existen para ello. “También es asombroso que toda actuación esté exenta de la declaración de impacto medioambiental. Esto va en contra de lo dictado por el Tribunal Constitucional, para ello hay que justificarlo y, tal y como ha recordado el Consejo Consultivo, no lo han hecho”.
“No sé qué intereses persiguen, pero no hablen en nombre de las personas afectadas, puesto que no las tienen en cuenta a la hora de planificar su futuro. No les han preguntado lo que quieren, como, por ejemplo, si quieren ir a vivir a una zona diferente a donde vivían antes del volcán o a un bloque de viviendas. Nosotros sí les hemos preguntado y planificamos con ellos”, añade.
El diputado socialista advierte de la posibilidad de que este Decreto Ley pueda ser recurrido por el Tribunal Constitucional y decaiga. “Crearía mucha más frustración y desesperación entre los afectados. El Partido Socialista siempre ha querido convertir la vivienda en el quinto pilar del Estado del Bienestar, no en el pilar de la especulación”.
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